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La evasión fiscal en operaciones inmobiliarias en la Costa del Sol se aproxima a los 100.000 millones

La evasión fiscal de las operaciones inmobiliarias en la Costa del Sol efectuadas por sociedades con sede en Gibraltar se acerca a los 100.000 millones de pesetas, según cálculos aproximativos de Hacienda y de los municipios de la zona. De este total, unos 80.000 millones corresponden a impuestos directos que debería recaudar el Estado como rentas y sociedades, mientras que los restantes 20.000 millones son el impuesto municipal de plusvalías y complementan una de las dos bolsas de evasión fiscal de mayor crecimiento en losúltimos años.

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La práctica totalidad de las inversiones extranjeras en la Costa del Sol se efectúa desde las 5.000 sociedades inmobiliarias que hay inscritas a tal objeto en Gibraltar. Estas empresas invierten en la zona -con autorización de la Dirección General de Transacciones Exteriores- en compras de solares, realizan promociones y venden directamente apartamentos o chalés a particulares extranjeros, principalmente británicos.Sin embargo, estas transacciones no se realizan entre sociedad y persona física (comprador), sino entre sociedad y sociedad, ambas con sede en Gibraltar y gozando de los beneficios de aquel paraíso fiscal. Es decir, el comprador final constituye una sociedad en Gibraltar -en la actualidad existen casi 40.000 instrumentales de este tipo en Main Street, calle Real, según la acepción toponímica- que adquiere los activos de otra (la del promotor inglés), en este caso chalé o apartamento.

"De este modo, al no existir persona física se evade el impuesto sobre la renta, y también se consigue evitar el gravamen de sociedades, puesto que la operación se realiza fuera de España, en el paraíso fiscal y sin carga tributarla alguna", señalan fuentes consultadas de la Delegación de Hacienda de Málaga.

En los últimos años la inversión en inmuebles en la Costa del Sol supera con creces los 500.000 millones de pesetas. En 1990 sólo Marbella sitúa su inversión en promociones -la más alta de España- en 40.000 millones, y de ahí la preocupación creciente en los municipios de la zona al comprobar la práctica desconexión entre tales inversiones y los presupuestos municipales. Los ayuntamientos de Manilva, Estepona o Casares se sienten impotentes para recaudar las contribuciones rústica y urbana, las plusvalías y en muchos casos incluso la licencia de obras, cuando se trata de operaciones efectuadas en Gibraltar.

En la mayoría de las compraventas realizadas por extranjeros se evitan los impuestos directos del Estado, las transmisiones patrimoniales, y se consigue no repercutir el IVA de la construcción, al cerrarse las operaciones en el paraíso fiscal. "Gibraltar es el único territorio dentro de la Comunidad Europea en el que no rigen las leyes comunitarias", afirma José Luis Rodríguez, director general de Turismo de la Junta de Andalucía y ex alcalde de Marbella. La situación ha puesto de manifiesto un vacío legal "porque mientras Transacciones Exteriores autoriza la entrada de dinero extranjero, el fisco español no dispone de los mecanismos necesarios para gravar estas operaciones", señalan fuentes de Hacienda.

La gran cantidad de dinero extranjero es además la principal causa de la generación del fraude inmobiliario en la Costa del Sol. Rodríguez recuerda que de los 800 casos de fraude producidos en el litoral mediterráneo en los últimos cinco años casi todos corresponden a empresas extranjeras. Mientras en muchos casos Hacienda se pregunta por el origen del dinero, los tribunales malagueños atienden reclamaciones a diario.

Casos como el de la urbanización Las Cancelas de Marbella, donde el ciudadano británico Howard Dawson dejó un agujero de 500 millones de pesetas en el Banco Hipotecarlo, empiezan a generalizarse en toda la zona occidental de la Costa del Sol, donde algunos municipios, como Manilva o Casares, no disponen de plan urbanístico parcial.

A la hora de comprar un apartamento son muchos los que se acuerdan de que el actor Stewart Granger vendió chalés sin licencia de edificación a medio Hollywood, o que el financiero suizo Sergio Andina tuvo que enfrentarse a muchos pleitos ante los tribunales por la venta de propiedades que estaban gravadas con hipotecas en el Puerto de la Duquesa.

Las licencias de obra y los permisos de primera ocupación desataron las demandas del municipio de Marbella contra Dawson, mientras que en otros casos la procedencia del dinero preocupa ahora a la Delegación de Hacienda de Málaga.

En la urbanización Benavola, de Marbella, propiedad del hermano del presidente de Siria, la Brigada de Delitos Monetarios del Banco de España y el cuerpo de inspectores de Hacienda han abierto recientemente una investigación que constituye el primer precedente de acción conjunta.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 24 de junio de 1990

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