Iliescu promete en su investidura velar por la democracia

ENVIADO ESPECIALEl presidente de Rumania, Ion Iliescu, fije investido ayer en una sesión plenaria de las dos Cámaras del Parlamento, en la que ratificó a Petre Roman como primer ministro y pronunció un brillante discurso reafirmando su pleno compromiso con la democracia y el respeto a los derechos humanos. Mientras, surgen evidencias de masivas palizas a detenidos en las comisarías y en las cárceles.

Fuentes de la oposición rumana, mientras tanto, han denunciado la desaparición de personas, que en parte podrían pasar a engrosar la lista de muertos en la represión de la pasada semana, y consideran que los intentos de Roman de distanciarse de Iliescu han llegado tarde y de forma débil. "Ya están en el mismo barco. Han pactado con el diablo y van a pagarlo"."Hemos hecho una opción irreversible por la democracia", "por la división de poderes en el Estado", por la "recuperación moral de la sociedad rumana", -dijo Iliescu ante ambas cámaras del Parlamento y el cuerpo diplomático en el Ateneo, convertido en una fortaleza por fuerzas del Ejército y de la policía.

El presidente lamentó "los excesos en la reacción popular al reinstaurar el orden público" en su primer y débil distanciamiento de la brutalidad desplegada por toda la capital rumana por los mineros llamados por él en apoyo del Gobierno.

También lamentó la "reacción negativa" internacional, rechazando las acusaciones de haber querido liquidar a la oposición. "No son sólo irrazonables, sino infundadas e injustas". lliescu pidió ayuda internacional para "acabar con los efectos del régimen totalitario" y dijo que esto es impensable sin el apoyo de las "democracias tradicionales".

En un gesto conciliador hacia la oposición y la opinión pública internacional, lliescu, que el día 15 había felicitado a los mineros por su "combatividad contra desclasados, degenerados y fanáticos", prometió una comisión investigadora para establecer responsabilidades en los abusos cometidos por los 14.000 mineros que sembraron el terror en la capital de Rumania. Mientras, EL PAÍS pudo confirmar ayer la existencia de un número indeterminado de desaparecidos tras la oleada de represión desatada con la presencia de los mineros del valle de Jiu en Bucarest, los días 14 y 15 de junio, para "restaurar el orden", según insistió ayer Iliescu en su discurso de investidura.

Aunque ayer concluyó el plazo de cinco días que el fiscal general tiene para mantener a ciudadanos detenidos sin procesamiento, un número indeterminado aún no ha sido liberado, no ha recibido la preceptiva oportunidad de ponerse en contacto con su familia o abogado o ha muerto a consecuencia de los apaleamientos o de los disparos de las fuerzas del orden.

"Parte de los desaparecidos están en prisión y parte de ellos están muertos", declaró ayer Gabriel Andrescu, miembro del Comité de Derechos Humanos de la Federación Internacional de Helsinki y miembro del Grupo por el Diálogo Social.

Ante el Parlamento, cuerpo diplomático y prensa internacional, Iliescu ya no acusó a "fuerzas fascistas" de haber atacado el día 13 el Ministerio del Interior y la televisión. Se limitó a hablar de "una auténtica rebelión, un golpe de Estado". La investigación llevada a cabo por periodistas rumanos y extranjeros y me dios de la oposición establece sin lugar a dudas que los ataques contra la sede de la televisión y el Ministerio del Interior fueron protagonizados por agentes del poder.

Los intentos de las asociaciones pro derechos humanos de conocer la suerte de los desaparecidos han sido vanos. El jefe de policía de Magurele, en Bucarest, y el fiscal general acusaron de se agentes del exterior y antirrumanos a los miembros de la delegación que quería los nombres de los detenidos para contrastar con los desaparecidos.