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Reportaje:

Una crisis largamente esperada

El cierre de los caladeros de Namibia provoca graves pérdidas en la flota congeladora gallega

Si faltan caladeros, sobran barcos es el diagnóstico urgente y elemental de la crisis que padece actualmente la flota congeladora de Galicia. Cuarenta barcos atracados en el puerto de Vigo desde hace dos meses reflejan una crisis de origen impreciso y en cuyo estallido ha actuado de espoleta el cierre de los caladeros de Namibia. Se trata también de una crisis anunciada con la anticipación suficiente para que los armadores más afectados hubieran podido adoptar a tiempo medidas defensivas, como han hecho flotas. Los barcos congeladores de Polonia, la URSS, Taiwan, Cuba o Corea siguen faenando por esos mares sin que su expulsión temporal de las aguas de Namibia les haya supuesto un grave quebranto.

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Modernizar los barcos

Si se sabía desde hace meses el día exacto en que iba a producirse la crisis -31 de marzo, fecha en que el primer Gobierno independiente de Namibia expulsó de sus caladeros a las flotas pesqueras extranjeras-, se conoce ahora también el momento en que la crisis va a agravarse. Se producirá el agravamiento a finales de julio, cuando los barcos expulsados" por Namibia y que ahora faenan en torno a las Malvinas se vean obligados a regresar a puerto por fin de la temporada de pesca en esas latitudes. Alfonso Paz Andrade, director gerente de Pescanova, se siente al margen de la crisis, ya que hace cuatro años, cuando empezaba a preverse lo que luego ha ido sucediendo -restricciones de licencias, expulsiones de caladeros, disminución de cuotas de extracción...-, su empresa optó por la estrategia de crear sociedades conjuntas para disponer de garantías de explotación suficientes tanto en espacios como en cuotas.

Críticas al ministro

La mayoría del sector, sin embargo, escogió la imprevisión, favorecida por el viejo hábito de confiar en un protecciónismo excesivo del Estado. Tal vez por ello deriva ahora la crisis, en su aspecto plañidero, hacia unas críticas frontales de los armadores al ministro de Agricultura y Pesca, a quien hacen responsable de todas las tribulaciones del sector.Aunque la crisis tenga responsables, carece en cambio de justificaciones reales, según el análisis de un armador sosegado y racionalista. Justificaciones reales configuraron, por ejemplo, la crisis de 1975, cuando la Conferencia del Mar celebrada en Nueva York extendió la, zona económica exclusiva (ZEE) hasta las 200 millas, mientras el precio del combustible se disparaba (en año y medio subió un 223%) y la CAT (Comisaría de Abastecimientos y Transportes) fijaba, aún en vida de Franco, un precio político a la merluza. Ahora el combustible es relativamente barato, los precios de venta son fibres y la pesca ni empieza ni termina en los caladeros de Namibia.

Pero la flota congeladora de Galicia se había acostumbrado a faenar casi exclusivamente en Namibia y en las Malvinas, insiste en que el combustible supone el 40% de los costes de explotación de un barco y asegura que las importaciones masivas de cefalópodos han tirado los precios de las capturas españolas. De ahí que exijan al Gobierno un freno a las importaciones y la reapertura inmediata de los caladeros restringidos.

El asunto es complejo, ya que la CE está encargada desde que se creó la Europa azul de negociar con terceros países en nombre de sí misma y de cada uno de sus miembros. Con Namibia iniciará negociaciones cuando el nuevo Gobierno de Sam Nujorna haya recibido un informe holandés sobre el estado de su caladero maltrecho, en el que las flotas pesqueras de varios países han actuado últimamente con desvergüenza.

De ello da fe el simple hecho de que si hace 10 años la captura del tronquito (alevín de merluza) era el 5% o el 6% de la extracción total, poco antes del pasado 31 de marzo suponía el 80%. No debe extrañar, pues, que Namibia conceda en su momento a España licencias para menos del 10% de los barcos que faenaban hasta hace poco allí. De 110 barcos se pasaría, según estimaciones optimistas, a 7 u 8.

Responsabilidades difusas

Si a los armadores les corresponde la parte proporcional de responsabilidad que todo empresario debe aceptar en una crisis de su propio sector prevista y no suavizada, al Ministerio de Agricultura y Pesca se le culpa en los medios pesqueros de una acción tutelar insuficiente. Al ministro Carlos Romero se le acusa de no presionar en Bruselas para que España, la primera potencia pesquera de los Doce, imponga sus criterios. La CE, a pesar de ser desde la adhesión de España y Portugal el primer mercado pesquero del mundo, con un consumo anual de 11,5 millones de toneladas, sólo pesca en sus aguas jurisdiccionales tres millones. Europa tiene que importar una gran cantidad de pescado, porque no hay interés en Bruselas por proteger la industria pesquera comunitaria.

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