La ocupación del despacho no se ampara en ningún documento

El ministerio fiscal no ha acreditado la existencia de título jurídico adecuado -nombramiento, contrato o autorización por escrito- que regulara la permanencia de Juan Guerra en dependencias de la Administración pública por espacio de seis años.Al parecer, ningún otro puesto de ayudante o asesor de miembros del Gobierno o de altos cargos se cubre con una mera autorización verbal, que si por una parte excluye la retribución económica de la Administración al contratado, por otra le deja al margen del cuadro de responsabilidades y sanciones al que están sometidos los funcionarios o personas contratadas de una forma regular.

Su presencia en la delegación del Gobierno coincide con las fechas en que puso en marcha diferentes negocios privados. En declaraciones periodísticas, él mismo ha aceptado ha ber participado en negocios du rante su periodo de permanen cia en la dele gación del Ejecuti vo, aunque siempre ha añadido que no gestionaba personal mente esas empresas. Afirma ción que contrasta con los da tos existentes en el registro mercantil de Sevilla sobre la sociedad Fracosur, según los cuales Juan Guerra era el apoderado de esta entidad -que mantuvo relaciones comerciales con la empresa pública Ensidesa- desde el 3 de octubre de 1988.

Juan Guerra ha reconocido también ser el dueño de la sociedad Corral de la Parra, la única que le ha dado beneficios -según su versión- y que fue constituida el 7 de octubre de 1987, en pleno desarrollo de sus funciones de asistencia al vicepresidente del Gobierno y ocupación del tantas veces citado despacho oficial.

En tanto que asistente del vicepresidente del Gobierno, Juan Guerra trabajó en la Delegación del Gobierno en Andalucía, con algunos de los atributos propios de un funcionario o autoridad, pero sin ninguno de los requisitos normales de una u otra de esas situaciones.

Un hecho evidentemente irregular, reforzado por la cIrcunstancia de que su sueldo corría a cargo del partido, que una serie de autoridades han intentado cubrir: el vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, que se ha atribuido a sí mismo la titularidad del controvertido despacho, y los sucesivos delegados del Ejecutivo en Andalucía, Leocadio Marín, Tomás Azorín y Alfonso Garrido.