Amortización por valor de 17.000 millones de pesetas

, El consejo de administración de Hifrensa, empresa que explota la central nuclear de Vandellós 1 y que está integrada por las compañías eléctricas españolas Fecsa, Enher (del grupo público Endesa) e Hidruña (de Hidrola), y Electrécité de France (EDF), realizó ayer una junta general extraordinaria para valorar la decisión del Ministerio de Industria. Tras esa reunión, tal como comunicaron en una escueta carta al Ministerio, decidió "presentar en legal forma la renuncia del permiso de explotación definitivo de la central nuclear de Vandellós 1 otorgado el 19 de abril de 1982 como consecuencia del incidente y autorizar al consejo de administración para que tome las medidas oportunas y adopte los acuerdos necesarios".

Hifrensa determinó, con la decisión caliente y el ambiente cercano a la central eufórico, aceptar la petición hecha por Claudio Aranzadi de que renunciasen a la explotación rnotu proprio. Industria, por su parte, se comprometió a reconocer las inversiones realizadas antes del accidente del mes de octubre y, por tanto, a amortizarlas.

Según Aranzadi, se reconocen inversiones por su valor neto contable y con el objeto de que no se produzca ningún quebranto patrimonial. Los datos anunciados por el ministro en el Congreso de los Diputados desvelan unas amortizaciones de 17.000 millones de pesetas, de los que 12.000 corresponden a las tres empresas españolas que participan en Hifrensa. La parte correspondiente a EDF se amortlzará mediante la cesión de mercado a electrididad generada en Francia. De hecho, el 25% que tiene EDF en Hifrensa ya estaba considerado como una importación de energía. EDF, además, se beneficiará de las importaciones realizará España.

Empleados

La cifra que aportó Aranzadi no fue aceptada, sin embargo, por el portavoz del grupo parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa para Cataluña Ramón Espasa. El diputado catalán aseguró que, según sus datos, la central, que se puso en funcionamiento en 1971 ya está suficienternerimte amortizada. En cualquier caso, el ministro añadió que de los 12.000 millones habría que descontar los que tengan que aportarse para satisfacer elseguro.

Otra cuestión que surgió ayer en el Congreso de los Diputados fue la del futuro de los empleados de la central tarraconense. En ella trabajan unas 340 personas. De momento, la mitad tendrá que quedarse en la plantilla para hacer las funciones de mantenimiento necesarl as mientras se lleva a acabo el desmantelameineto. El resto deberá ser recolocado. En cualquier caso, todos los trabajadores deberán ser recolocados por esas compñías.