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Tribuna:

'Terra incógnita'

La puesta en marcha del Acta única Europea supone un nuevo reto de liberalización para la economía española. El sector agrario se enfrentará a nuevos procesos de ajuste. El autor considera que las últimas protestas agrarias tratan de mantener al campo en el pasado, obligando a jugar al Estado un papel tutelar que debe rechazarse. Además, la liberalización anterior ha servido para que las rentas agrarias aumentaran en España por encima de la CE.

En determinados momentos de la historia de las colectividades sociales, el azar y la necesidad coinciden, los acontecimientos se precipitan y se crean las condiciones para dar un gran salto hacia adelante, en términos de desarrollo económico y de bienestar social.Es un momento único de decisión. Se trata de aprovechar una coyuntura que quizá nunca volverá, o, por el contrario, asustados ante la magnitud del evento, dejarse dominar por el vértigo y aspirar a retornar al regazo seguro del casino provinciano y a la poderosa protección del padre. Y el Estado aparece como el padre cósmico de todas las sociedades políticamente vertebradas.

Esas tendencias involutivas no afectan uniformemente a todo el cuerpo social. Se dan especialmente en sectores económicos atrasados, de antigua industrialización, o que no han renovado a tiempo su capital humano, singularmente el directivo. o en aquellos otros, como el agrario, donde las ideologías de derecha gozan tradicionalmente de una mayor presencia e incidencia, situación que es compatible, como es el caso de España, con una influencia política decreciente, a la vista de los sucesivos resultados electorales.

Umbral del siglo XXI

Los agricultores y ganaderos de este país, y el sistema agroalimentario en su conjunto, han tenido un comportamiento admirable ante el proceso de aceleración histórica que les ha tocado vivir. Haciendo oídos sordos a quienes les predicaban catástrofes sin cuento como consecuencia del ingreso de España en la Comunidad Europea, los agricultores fueron capaces de pasar durante los últimos ocho años, en términos de tiempo histórico, de la primera mitad del siglo XX -la Ley del Trigo, todavía vigente en 1983, era de 1937- al umbral del siglo XXI.

Sin negar la existencia de problemas, y asumiendo la cuota de errores que toda acción de gobierno conlleva, las estadísticas revelan una realidad agroalimentaria en creciente progreso, medida en términos económicos y de rentas, durante los últimos años. Más aún, esos indicadores superan la media comunitaria, con el corolario de que hemos mejorado nuestra relación de productividad y renta en el contexto de la CE.

Ciñéndonos al subsistema agrario, la producción final ha crecido en términos reales acumulativos a un ritmo medio del 1,6% anual entre 1982 y 1986 y el 2,4% durante el periodo 1986-1989, mientras que la CE a once presenta unos datos del 1,1% y del -0,7%. para idénticos periodos.

La renta por activo agrario ha pasado de incrementarse el 2,4% anual acumulativo entre 1982 y 1986 al 5,5% entre 1986 y 1989, frente a un crecimiento de la CE a once del -0,5% para el primer periodo y del 3,4% para el segundo. Exceptuando Irlanda, España es el país de la CE que ha tenido los mayores incrementos de renta por activo agrario durante los últimos seis años.

Hoy nos encontramos -raro privilegio generacional el haber vivido tantos momentos estelares- a las puertas de una nueva aceleración histórica: la construcción del mercado único europeo a partir de 1992.

Esa perspectiva va a exigir un esfuerzo adicional de adaptación a los agentes económicos y sociales, y resulta inevitable que ante el nuevo horizonte de libertad -que entre nosotros, aquí y ahora, es sinónimo de necesidad- determinadas empresas e incluso sectores productivos enteros vacilen y muestren añoranza por el viejo útero estatal ultraproteccionista: el BOE como oráculo resolutor de las dudas empresariales, la subvención más o menos indiscriminada y el cierre del mercado a la competencia exterior. Sabiendo, en última instancia, que la vuelta atrás es imposible, demandan un sucedáneo de distinta variedad, aunque de la misma especie: la instrumentación de generosos planes de reconversión por cuenta de los presupuestos públicos.

Progreso

Las llamadas a la movilización que tienen lugar en el sector agrario durante los últimos tiempos -en el contexto de la convocatoria realizada por el COPA en toda la Comunidad Europea- responden en gran medida a la precedente matriz explicativa, al margen de la honestidad o malicia de sus promotores oficiales, portavoces oficiosos y la orla de políticos sin camuflaje que escoltan, cuando no preceden, la movida.

Es evidente que el progreso global del sector durante los últimos años no ha sido ni puede ser uniforme; lógico en unas producciones sujetas a la climatología y donde coexiste una amplísima tipología de unidades productivas. Determinadas explotaciones necesitan mejorar su estructura y capitalización para ser competitivas, e incluso una ayuda directa a las rentas para poder mantenerse en el mercado mientras decidan permanecer en él.

El Gobierno español es consciente, y adalid, de la necesidad de instrumentar una política de sostenimiento directo de las rentas de determinados colectivos de agricultores. Esa necesidad, cuya reflexión teórica se contiene en el documento El futuro del mundo rural, ha conducido a la expansión de programas de esa naturaleza durante los últimos años. A la Indemnización Compensatoria para Zonas Desfavorecidas han venido a unirse ayudas directas para pequeños productores de cereales, oleaginosas, proteaginosas, algodón y olivar, además de la conversión de hecho de determinadas ayudas de mercado en políticas de sostenimiento de rentas, como es el caso de las primas del ovino y el caprino, o de la vaca nodriza en pequeñas explotaciones láceas, recientemente aprobadas.

Parecería razonable que las organizaciones profesionales agrarias, singularmente aquellas que se reclaman de izquierda y pretenden defender la peqeña y mediana explotación familiar, solicitasen de la Administración española un esfuerzo adicional en esa dirección. Resulta desolador comprobar que esa reorientación no ha tenido lugar todavía y se ha optado por asumir la visión reivindicativa de la derecha: la utilización del campo como paraguas sociológico de intereses particulares; el catastrofismo como mensaje, y la descalificación, global y sin matices, de las políticas agrarias española y comunitaria.

La sociedad española se encuentra a las puertas de un nuevo salto colectivo hacia cotas más altas de bienestar y progreso. Es el momento de acumular fuerzas y tensar voluntades, no de vender miedo, inseguridad y desesperanza, de forma que se aprovechen al máximo las nuevas perspectivas que se abren a nuestra economía.

Nuevos retos

A la Administración cabe exigirle acierto en las políticas a seguir, y sobre todo un esfuerzo permanente de información y diálogo con los distintos sectores afectados, de forma que se disipe cualquier duda acerca de lo que nos depara el porvenir.

El pasado nos invita a ser optimistas. Siempre que la economía española se ha encontrado ante un nuevo reto desregulador ha sabido dar la talla, ocupando de forma creadora los nuevos espacios de libertad que se abrían ante ella, y el sector agrario no ha sido excepción a ese proceso; antes al contrario, ha sabido figurar en su vanguardia.

A la libertad, inclusive la económica, nunca hay que tenerle miedo.

Julián Arévalo Arias es subsecretario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 22 de mayo de 1990

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