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Editorial:

El papel del FMI

LA CELEBRACIÓN de las asambleas semianuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial suelen ir precedidas de reuniones de diversas instancias, no tan formales como esas históricas organizaciones multilaterales pero más ajustadas a los propósitos últimos de los agentes protagonistas de las relaciones financieras internacionales y, normalmente, más dirimentes.Los representantes de los principales bancos acreedores de los países del Tercer Mundo y los ministros de Finanzas del Grupo de los Siete (EE UU, República Federal de Alemania, Japón, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá), han definido en estas jornadas previas a la asamblea de primavera del FMI y del Banco Mundial sus respectivas posiciones en dos cuestiones centrales y estrechamente relacionadas: el fracaso del denominado Plan Brady para la reducción de la deuda externa y la negativa a un aumento del ciento por ciento en las cuotas de los países miembros.

Las reticencias de la banca comercial a la asunción de las propuestas lanzadas por el actual secretario del Tesoro estadounidense en marzo del año pasado no son nuevas, aunque sí más explícitas. Salvando casos específicos, de los que México sería el más representativo, la propuesta de reducción voluntaria de principal y/o interés de la deuda no ha encontrado apenas eco en una comunidad bancaria heterogénea, y tanto menos proclive a concesiones cuanto más definitivamente asimilado se encuentra el problema en sus balances Los acreedores vuelven a reclamar del FMI una mayor intervención en el problema, destinada tanto a la coerción para que los deudores atiendan sus obligaciones vencidas, como al suministro de nueva financiación a aquéllos para hacer posible la reducción sugerida en el Plan Brady.

Ese mayor protagonismo del FMI como prestamista encuentra su más inmediato obstáculo en la limitada base de recursos de que dispone esta agencia y en la falta de voluntad de EE UU y Reino Unido para ampliarla mediante el aumento de las contribuciones de los países que lo conforman. La razón última por la que los dos accionistas hoy más importantes del FMI se oponen a la propuesta de duplicar la suma total de las actuales cuotas (120.000 millones de dólares), coincide esencialmente con las esgrimidas por los acreedores bancarios para no aceptar las recomendaciones del Plan Brady: la necesidad de que los deudores cancelen sus obligaciones vencidas, que en el caso. del FMI alcanzan 4.000 millones de dólares por una docena de países.

La asunción creciente por el FMI de ese papel de suministrador de financiación involuntaria a largo plazo no es bien vista por la Administración de EE UU, ni proclive su Congreso a prestar el correspondiente apoyo presupuestario. Esa función se aleja, efectivamente, de las asignadas al FMI en las que su papel como prestamista estaba exclusivamente previsto en operaciones a corto plazo, destinadas al apoyo ante dificultades transitorias de balanza de pagos de los países miembros y en aras de preservar la estabilidad cambiaría. Tampoco es menos cierto, sin embargo, que desde la emergencia de la crisis de la deuda, en el verano de 1982, esta agencia se distanció tanto más de las funciones asignadas en Bretton Woods hace 46 años cuanto más celosamente ejerció de garante de la ortodoxia de los ajustes a que se han visto obligados los más importantes deudores, como intento de recomponer su capacidad de reembolso.

La supervivencia de estas agencias multilaterales, en un contexto bien distinto al que se crearon, exige una flexibilización de su funcionamiento para la solución de los problemas derivados del endeudamiento de los países subdesarrollados, en la misma medida que lo reclamará la readaptación de estos países de Europa del Este que hoy están en el umbral de su incorporación a aquéllas.

El Banco Mundial ha definido en gran medida tal adecuación, incrementando sus recursos mediante su presencia directa como demandante en los mercados financieros. La base de capital necesaria para que el FMI asuma ese más activo papel reclamado por algunos socios -como pilar central en la cooperación financiera intemacional- excede en todo caso del aumento en las cuotas del 50% acordado por los siete grandes, hoy más interesados en el poder político que en esa distribución de aportaciones determinada.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 9 de mayo de 1990