Descubierto un fraude en la construcción de barcos pesqueros en todo el litoral español

Un juzgado de Mondoñedo (Lugo) investiga la supuesta implicación de al menos una treintena de personas en un presunto fraude descubierto en la construcción de embarcaciones de pesca. La práctica más habitual en las operaciones presuntamente fraudulentas consistía en la falsificación del documento acreditativo del desguace de un barco con la supuesta intención de construir un pesquero sin haber desmontado otro de las mismas características previamente, tal como marca la legislación española. En la actualidad, la Guardia Civil investiga la existencia de barcos posiblemente relacionados con el sumario en la práctica totalidad del litoral español, salvo algunas zonas de Andalucía oriental.

El denominado sumario de los barcos ha adquirido unas proporciones insospechadas desde que en noviembre de 19:36 fuera descubierto el primer indicio presuntamente delictivo en el norte de la provincia de Lugo.La semana pasada el juez instructor transformó el sumario ordinario en procedimiento abreviado, ideado para penas de prisión mayor de hasta 12 años de cárcel. Desde el inicio de las diligencias han sido interrogados por la justicia más de 200 personas, entre pescadores, armadores, propietarios de astilleros, gestores y funcionarios de las ayudantías de Marina.

El presunto fraude se basaba en la falsificación de los documentos de compromiso de baja de barcos, certificado imprescindible para acometer la construcción de nuevas embarcaciones de pesca. La entrada de España en la Comunidad Económica Europea impuso a nuestro país la reducción de la flota pesquera. Este objetivo que se plasma en el denominado decreto Laxe, dictado en 1985 por el entonces director general de Ordenación Pesquera, Fernando González Laxe, ex presidente socialista de la Xunta de Galicia. Con esta medida, armadores y astilleros están obligados a poseer el registro bruto de un barco previamente desguazado para poder construir una nueva embarcación de similares características.

La supuesta red actuaba por medio de personas que visitaban y controlaban el litoral español y tomaban nota de la matrícula de los barcos varados en la costa; acto seguido se falsificaba el documento de compromiso de baja, acreditativo del desguace de la embarcación; una vez que la Ayudantía de Marina respectiva daba el visto bueno al tonelaje del barco supuestamente desguazado, se podía construir una nueva embarcación con el mismo registro bruto (TRB).

'Los Tres Hermanos'

Morás, un pequeño puerto de la costa luguesa, fue el enclave del litoral español donde se descubrió el primer indicio del presunto fraude, de consecuencias imprevisibles.La rocambolesca historia se inició en la Ayudantía de Marina de Vinaroz, provincia de Castellón, lejos de la costa gallega, al sospecharse que el documento de compromiso de baja de una embarcación de pesca, aportado por alguien que pretendía construir un barco, podía estar falsificado.

El documento en cuestión atestiguaba que la lancha Los tres hermanos, de 12 toneladas de registro bruto y con base en el puerto de Morás, había sido dada de baja y desguazada.

Los tres hermanos no sólo no había sido desguazada, como pretendía atestiguar el certificado de defunción de Vinaroz, sino que continuaba pescando con normalildad a la nasa en la ría de Viveiro. Alguien había intentado utilizar su TRB para construir una nueva embarcación.

A partir de aquí se inició la investigación del caso en la Comandancia de Marina de Ferrol. Al observarse indicios delictivos, el expediente recaló en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Mondoñedo, cuyo titular en noviembre, de 1986, Carlos Fuentes Caldelas, inició el sumario de los barcos.

La inmediata intervención de la Unidad de Servicios Especiales de la Guardia Civil, (USE) puso de manifiesto en poco fiempo que el asunto de Los tres hermanos no era un caso aislado. Un número indeterminado de barcos de pesca en la práctica totalidad del litoral español, sufrían la misma suerte que la pequeña embarcación de Morás.

Otro barco incluido en el sumario del que tiene constancia EL PAÍS es el Albarito, con base en el puerto pontevedrés de Vilagarcía. Las 14,66 toneladas de registro bruto de esta lancha fueron compradas por el astillero Lehimosa, de Castellón, que pagó por ellas un millón de pesetas en 1987 a un intermediario de la ría de Arousa. La sorpresa en el astillero levantino fue mayúscula cuando la Dirección General de Ordenación Pesquera confiscó el compromiso de baja del Albarito en relación con una denuncia por falsedad de documento público que instruye el juzgado de Mondoñedo.

El juzgado, que decretó el secreto sumarial al iniciarse las diligencias, llegó a investigar una gestoría, ubicada en Barcelona, por su presunta relación con el caso.

Según fuentes próximas a la investigación no se puede hablar de una mafia organizada actuando en el sector de la construcción de barcos de pesca. Tras tres años y medio de investigaciones, no se puede asegurar que exista interrelación entre todos aquellos barcos en cuya construcción se ha descubierto alguna tramitación administrativa irregular.

El juez que en la actualidad instruye el sumario, Luis Pérez Merino, declaró a EL PAÍS: "Ahora mismo sólo se puede hablar de un presunto delito de falsificación de documento". En cualquier caso, han de transcurrir meses antes de que se produzca la calificación, por parte del ministerio fiscal, de los presuntos delitos.