El porcentaje definitivo del 'impuesto religioso' figurará en la declaración de 1991

El Gobierno establecerá, de acuerdo con el episcopado, el porcentaje definitivo de la asignación tributaria para la Iglesia católica -impuesto religioso-, que se fijará de manera definitiva en la declaración de la renta, correspondiente a 1990, que se efectuará el próximo año. Este asunto fue abordado ayer en la reunión de la comisión mixta Iglesia-Estado.

El porcentaje actual para la asignación tributaria está establecido en el 0,52% de la cuota íntegra del IRPF. Con esta cifra, la Iglesia española precisó el año pasado que la Administración aportara directamente unos 8.000 millones de pesetas hasta llegar a la cantidad de 14.000 millones que venía percibiendo la confesión católica en años anteriores en forma de dotación presupuestaria. Para modificar ese 0,52%, tanto la Iglesia como el Ejecutivo socialista están a la espera de conocer el número de ciudadanos que contribuyeron, al realizar la declaración del año pasado, al sostenimiento de la Iglesia.El secretario general del episcopado, Agustín García Gasco, que tomó parte en la reunión de ayer, manifestó al término de la misma que la Iglesia está interesada en llegar a un porcentaje definitivo en el camino hacia su autofinanciación. "Estar sometidos al referéndum de la asignación tributaria cada año no nos gusta, porque contribuye a dar la visión de que la Iglesia está interesada por el dinero, cuando en realidad hace un servicio a los demás", dijo el obispo.

Los representantes de los obispos expresaron en la reunión de ayer a través Bernardo Herráez, vicesecretario para asuntos económicos, su interés en lograr la autofinanciación de la Iglesia. Por este motivo, la Conferencia Episcopal creará un organismo centralizado de asuntos económicos.

Tanto García Gasco como el director general de Asuntos Religiosos, Luis María de Zavala, coincidieron en destacar las gestiones del Gobierno para evitar que la Comunidad Europea obligue a suspender parcialmente uno de los puntos de los acuerdos Estado español-Santa Sede, por el que se exime a la Iglesia de pagar el impuesto sobre el valor añadido (IVA) en la compra de algunos bienes.

García Gasco expresó su opinión de que "la ayuda del Estado no es un privilegio, sino una vía para encontrar una colaboración sana entre la Iglesia y la sociedad". El secretario del episcopado dijo que sería del agrado de la jerarquía la desaparación de las entidades de fines sociales del impreso de la declaración de la renta, como alternativa al impuesto religioso. "Nos gustaría que todo ese dinero fuera a las arcas del Estado y que vaya después a donde sea, pero no es bueno que haya una alternativa a la asignación tributaria para la Iglesia católica", agregó el obispo.