No se puede liquidar a un pueblo

El autor de este artículo sugiere que el problema fundamental de Argentina "no es de liderazgo político personal ni tampoco de simple eficacia en la gestión económica, sino más bien del proyecto social o diseño de país a que se aspira".

A poco más de ocho meses desde que Carlos Menem asumiera el cargo de presidente de la República Argentina la situación del país, social y política, es más crítica que en aquel momento. Más aún, si no se modifica la actual política económica es previsible que continúe agravándose.Después de un breve período de estabilidad aparente reaparecieron las crisis que fueran frecuentes durante el mandato de Raúl Alfonsín. En diciembre, en un intento de controlar la hiperinflación asociada con recesión, el Gobierno adoptó medidas antiinflacionistas de choque, monetaristas, que apenas resultaron efectivas en el muy corto plazo, pero a costa de acentuar la recesión. En febrero las revueltas del hambre indicaban que en el otrora granero del mundo faltaba el pan. Ante esta situación, el Gobierno se limitó a culpar a la izquierda y firmar un decreto que autoriza a las Fuerzas Armadas a intervenir en casos de "conmoción interna". Simultáneamente, Menem confirmó la continuidad de la política económica e invitó a Eduardo Angeloz, ex candidato radical para la presidencia, a incorporarse al Gobierno.

La involución de Argentina de las últimas décadas sugiere, sin embargo, que el problema del país no es de liderazgo político personal ni tampoco de simple eficacia en la gestión económica, sino más bien del proyecto social o diseño de país a que se aspira. En este aspecto, no se evidencian diferencias significativas entre el proyecto implícito en la política aplicada por Menem y el que explícitamente propone Angeloz. Tampoco hay divergencias importantes entre la orientación económica de ambos y la vigente en Argentina desde el golpe militar de 1976. En su formulación teórica refleja una visión simplificada y elitista de la realidad del país, a partir de una interpretación dogmática del paradigma económico neoliberal y en la práctica se manifiesta en la aplicación mecanicista de criterios propios de este enfoque. A partir del mismo se afirma que la solución a los graves y diversos problemas de la economía se encuentra en el simple "funcionamiento de los mecanismos de mercado" en utópicas condiciones de competencia perfecta. Para conseguirlo se propone como casi única medida la "desregulación" estatal de la economía, entendiendo esto como simple desmantelamiento de organismos y empresas públicas. En este planteamiento que presenta al Estado como fuente de todos los males, se pretende ignorar el papel decisivo que él mismo ha desempeñado -y aún tiene- en la industrialización de los países desarrollados. También se olvida que la causa principal de la quiebra del Estado argentino es su deuda, contraída por empresas privadas y luego estatizada mediante mecanismos de dudosa legitimidad. En realidad, el aumento del peso relativo en la economía se debe fundamentalmente a la devastación industrial provocada por las políticas aplicadas. (El porcentaje que representa el gasto público argentino en relación con el PIB es similar al de España. Aunque es cierto que algunos sectores de la Administración son ineficientes o están sobredimensionados, otros -como Educación- funcionan por encima de sus posibilidades si se consideran los sueldos de los trabajadores y los medios con que cuentan. En síntesis, no se trata de reducir el gasto público, sino de reestructurarlo.)

Por otra parte, la evidencia empírica demuestra que en Argentina la regulación de la economía no es esencialmente de tipo institucional público, sino privado, mediante el control oligopólico de los mercados por parte de un reducido conjunto de empresas transnacionalizadas que controlan también las relaciones económicas y financieras con el exterior. (Más del 70% de la producción industrial se genera en ramas de alto grado de concentración empresarial. Los grupos transnacionalizados producen el 60% de la misma y aportan dos tercios del comercio exterior.) En estas condiciones, la ausencia absoluta del Estado en la actividad económica contribuiría a consolidar el control de la misma por parte del bloque oligopólico dominante y acentuar los desequilibrios. (La permanente inestabilidad de los mercados argentinos es la expresión de la puja entre distintas fracciones que conforman dicho bloque en el intento de conseguir mayores cuotas de mercado.)

El bloque empresarial dominante, consolidado durante la última dictadura militar, impone un ordenamiento extrovertido de la economía: creación de riqueza en el país -gracias a bajísimos salarios y rentas reducidas de las empresas no monopólicas- que se envía al exterior vía exportación de bienes y capitales. La principal sangría externa de riqueza la ocasiona la transferencia de divisas para pagar los intereses de la deuda externa, que, además de absorber el superávit comercial (5.000 millones de dólares en 19851), obliga a mayor endeudamiento para pagarlos. De lo expuesto se deduce que la causa central de la crisis argentina es la organización de la economía nacional en función del pago de la deuda y de la conveniencia de un conjunto de empresas.

Bancos acreedores

En el diseño del sistema vigente coparticipan con el Gobierno y el bloque oligopólico el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los bancos acreedores externos con el apoyo de varios gobiernos de países industrializados. (El FMI, que durante los años que la banca internacional necesitaba imperiosamente colocar sus cuantiosos excedentes financieros en Latinoamérica mantuvo una absoluta prescindencia, adopta hoy una postura activa e inflexible ante los países deudores, exigiéndoles durísimas políticas "de ajuste" como condición imprescindible para no ser desalojados del sistema económico mundial, con el consiguiente bloqueo comercial y financiero.)

La política económica que se aplica tiene como objetivo forzar una drástica reducción del consumo de la población y del propio Gobierno, con el fin de conseguir excedentes exportables. Dado que los grupos empresariales dominantes son los que mayor capacidad exportadora poseen, el Gobierno les otorga todo tipo de concesiones y facilidades. Esta política aumenta las barreras de acceso al mercado para otras empresas -además de la quiebra de las no monopólicas- y desalienta a nuevos inversores. Este desaliento se manifiesta en la continua caída de las inversiones extranjeras directas desde 1980 y explica en buena medida el hecho de que hasta el presente no se hayan concretado operaciones en el marco de los acuerdos con España e Italia. También la caída constante del producto nacional, el empobrecimiento de la población y la virtual desintegración social son consecuencias del tipo de organización económica. Paradójicamente, los únicos beneficiarios de ésta son los grupos que contrajeron la deuda externa, luego transferida al Estado, apelando a presiones del FMI y también a presiones de algunos gobiernos extranjeros a instancia de los acreedores. Esta apelación al Estado por parte de grupos de acreedores y deudores refleja una muy singular interpretación del significado del libre funcionamiento de los mecanismos de mercado.

En estas condiciones, en Argentina no es posible la estabilidad política sin un cambio de fondo en la economía, ni es posible este cambio sin una decisión política que modifique el esquema vigente. En ningún caso una simple privatización de empresas públicas ataca la raíz del problema y ni siquiera resuelve el problema de déficit público. Es más, aun en el caso de que la privatización fuese aceptable desde un punto de vista microeconómico, deberían considerarse los efectos negativos que supone la extensión del control oligopólico a actividades consideradas estratégicas para el país (energía, comunicaciones) y en las que normalmente el Estado cumple un papel regulador. Si en determinadas condiciones el mercado puede facilitar una asignación eficiente de los recursos, no en las que se dan en Argentina en la actualidad. Los problemas de distribución justa de la riqueza no dependen del mercado, sino de la distribución de recursos preexistentes y del marco institucional y organización socioeconómica vigente, y es en estos aspectos donde radican los principales problemas de Argentina.

La situación económica descrita se manifiesta en el terreno político afectando la estabilidad democrática y reforzando la opción de los sectores militares más reaccionarios. Los golpistas Rico y Seineldín, de orientación filofascista, recorren el país denunciando ante empresarios y trabajadores el carácter antinacional de la actual política, sentimiento que se extiende entre la población. No es difícil comprender el eco que encuentran si se tiene en cuenta que para los argentinos es inaceptable que se pase hambre en un país excedentario en alimentos (el 56% de las exportaciones son alimentos), que se carezca de luz cuando Argentina es autosuficiente en energía o que no se pueda acceder a un empleo contando con una excelente capacitación. El mantenimiento de la actual política económica puede no suponer el riesgo de un golpe de Estado, pues la cúpula militar la apoya, pero sí implica un riesgo mayor: que facilite un próximo triunfo electoral de los militares nacionalistas, en una auténtica reedición del proceso que llevó a los alemanes en 1933 a elegir democráticamente a Hitler como su canciller.

Pagar la deuda

Quienes durante estos años, anteponiendo los beneficios de las cuentas de resultado de los bancos, insistieron en que "la deuda se debe pagar", tienen la oportunidad de reflexionar acerca de su responsabilidad en la potenciación de opciones autoritarias.

En las actuales condiciones, un proyecto que pretenda ser un nuevo punto de partida requiere un acuerdo genuinamente democrático, que abandone el actual objetivo económico, consistente en pagar la deuda externa a cualquier precio, otorgando alta rentabilidad a un reducido conjunto empresarial y oriente la economía a satisfacer prioritariamente las necesidades de la población, exportando sólo los excedentes reales. Esto no significa desvincular el país del sistema mundial.

Se trataría de dar prioridad a las necesidades sociales internas y rechazar la idea de que el pago de una deuda justifica la liquidación física y cultural de un pueblo. Para los acreedores externos, significa que deberán someterse a las leyes del mercado, una de las cuales es precisamente asumir el riesgo empresarial, por lo que un préstamo hecho a una empresa no se debe reclamar a ningún Estado, ni al del deudor ni al de sus países, deben asumir por tanto las consecuencias de su incorrecta política crediticia.

A la luz de las condiciones existentes, estas sugerencias pueden resultar absurdas o ingenuas. Lo cierto es que de momento el pragmatismo puro empuja a los argentinos por el camino del hambre y el fascismo. La responsabilidad sobre su futuro nos involucra a todos, a menos que se conciba la democracia como un sistema que para sostener núcleos de libertad y bienestar, al estilo de los foros de la antigua Roma, requiera de una gran periferia bajo el autoritarismo y la miseria.

es profesor titular en la Universidad Complutense de Madrid.