A la contra

LA GUERRILLA antisandinista -la contra- está creando graves dificultades en la transición política pacífica en Nicaragua. Quedan pocos días para que se produzca el traspaso de poderes de la Junta sandinista presidida por Daniel Ortega a la presidenta Violeta Chamorro, triunfadora en las elecciones, sin que haya tenido efecto la prometida desmovilización de los guerrilleros de la resistencia. El desarme de las facciones nicaragüenses es la condición indispensable para la normalización de la vida en el país. Es dificilmente comprensible el que mientras Violeta Chamorro accede al poder para superar una situación práctica de guerra civil, se disponga a controlar al Ejército sandinista sin que los enemigos de éste -y aliados naturales de la nueva presidenta- hayan depuesto las armas.El pasado 23 de marzo, la contra se comprometió en Toncontín (Honduras) ante los representantes de Chamorro a desmovilizarse, contando con las garantías que le prestaran los cascos azules. Menos de una semana después, sandinistas y delegados de la UNO (coalición partidaria que apoyó a la nueva presidenta) acordaron la fecha de la toma de posesión de Violeta Chamorro -25 de abril- y los términos de la desmovilización parcial de la guerrilla nicaragüense. La transición pacífica parecía asegurada.

Pronto se vio, sin embargo, que los antisandinistas se disponían ajugar con ciertas ventajas en las previsiones de paz: curándose en salud subrayaron que el acuerdo de Toncontín preveía solamente el desarme de aquellos guerrilleros que se quedaran en Honduras el 20 de abril, es decir, mañana; los que hubieran pasado a territorio nicaragüense no permitirían ser desarmados hasta tanto no se hubieren definido los límites geográficos de cinco áreas de desmovilización, supervisadas por las fuerzas de la ONU. Hoy, la inmensa mayoría de los contra se encuentran en Nicaragua. Armados hasta los dientes, se dedican a hostigar al Ejército y a mantener vivo un estado de beligerancia radicalmente inútil.

A principios del presente mes de abril, hubo en Montelimar (Nicaragua) una cumbre de presidentes centroamericanos; los mandatarios, previendo las dificultades que el paso de los días han hecho flagrantes, hicieron un llamamiento a la contra para que respetara sus compromisos de Toncontín y a Washington para que prestara ayuda económica en la desmovilización de los guerrilleros. En este último mensaje se escondía un requerimiento al presidente de EE UU para que finalice su sostén financiero a los antisandi-nistas y acabe así con las actividades armadas de un grupo que no tiene razón de ser.

En la cumbre de Montelimar se aplazó el desarme hasta el mismo día 25 de abril, fecha de la toma de posesión de Violeta Chamorro. Considerando el poco tiempo disponible, se entendía que la supervisión internacional sería más simbólica que real, en relación con un desarme en el que, también, predominaban más los gestos para la galería (como la solemne desmovilización anteayer en Honduras de 250 indios misquitos, apenas un 2% de los efectivos de la contra) que el rigor y la eficacia.

Todos estos acontecimientos abonan la llamada de atención de Daniel Ortega cuando, poniendo en duda la posibilidad de traspaso pacífico de poderes el próximo día 25 en estas condiciones, amenaza con posponerlo. No parece el mejor camino el de sumar gestos antidemocráticos, retrasando el traspaso de poderes ante las irregularidades de los reaccionarios. Ciertamente sólo si es efectivo el alto el fuego y el consiguiente desarme, se dará a la democracia una oportunidad de mantenerse viva tras la asunción de poderes por parte de Violeta Chamorro, pero Daniel Ortega debe ser consciente que no es propietario de una presidencia que perdió en las urnas.