'Glasnost'

AUNQUE SON escasos todavía los datos conocidos, parece poco probable que el juez que investiga el caso Naseiro se haya embarcado en él sin sólidos indicios de la existencia de delitos graves. Delitos, en todo caso, relacionados con esa forma específica de corrupción consistente en el soborno de funcionarios públicos para obtener un trato de favor. La posibilidad de que el dinero por esa vía obtenido haya servido para financiar al partido del que Rosendo Naseiro es responsable de finanzas es lo que da al caso una densidad específicarnente política. Por ello, la iniciativa de Aznar de proclamarse dispuesto a esclarecer el asunto hasta el final, adelantándose incluso a solicitar la creación de una comisión parlamentaria de investigación, es una medida inteligente. Más inteligente, en cualquier caso, que las primeras reacciones de sus compañeros, que trataron de desviar la atención del fondo del asunto -un presunto delito de cohecho en beneficio del PP- mediante insinuaciones poco consistentes sobre oscuras motivaciones del juez y trato discriminatorio hacia los detenidos.Se ha mostrado dispuesto Aznar a poner las cuentas de su partido a disposición de esa comisión parlamentaria. Está bien que lo haga. Pero cabe recordar que hace apenas un mes el Tribunal de Cuentas hizo patente al Parlamento su incapacidad para fiscalizar las cuentas de los partidos, de acuerdo con lo expresamente dispuesto en la ley de Financiación de 1987, precisamente por la resistencia de todos ellos, sin excluir al que preside Aznar, a facilitar los datos sobre sus vías de financiación. Esas vías son con frecuencia desconocidas incluso para la -mayoría de los dirigentes de los partidos, que reciben con alivio cuantos ingresos entran en caja, merced a las gestiones de los especializados en la materia, sin preguntar cómo, cuándo ni por qué. No se trata de un problema exclusivo de España. En casi todos los países, con o sin financiación estatal, un manto de silencio cubre las relaciones entre política y dinero, una pareja que vive en concubinato desde hace muchos años.

La comisión propuesta por Aznar tiene poco que decir en lo relativo a los supuestos delitos, contemplados en el Código Penal, que han dado origen a la investigación judicial. Pero sí debería servir para promover el debate público que la sociedad española necesita sobre ese horizonte de la financiación irregular de los partidos que sistemáticamente aparece tras cada nuevo escándalo político-financiero. Un debate que regularice ese concubinato. Pues sólo la transparencia puede acabar con el desenfreno de las comisiones bajo cuerda, las licencias previo pago y demás prácticas paralelas, a cuyo amparo han medrado todos esos intermediarios de los que Juan Guerra se ha convertido en símbolo.

Los socialistas se opusieron en su día a dar luz verde a la comisión solicitada por la oposición a raíz del estallido del escándalo del hermano del vicepresidente. Su argumento fue que no querían contribuir a acreditar la idea de una corrupción generalizada de los políticos. Tal vez los populares esperen que, de acuerdo con ese antecedente, sean los socialistas quienes de nuevo se opongan a la creación de una comisión de investigación. Sin embargo, pensamos que, tal como están las cosas, el debate es ineludible y que la comisión propuesta por Aznar puede ser el marco adecuado para separar ante la opinión pública el grano de la paja en el embrollo que viene oscureciendo la vida política española.