La subida salarial pactada en los convenios limitará la creación de empleo, según Pedro Pérez

La subida salarial con que se están cerrando los convenios colectivos no es compatible con la estimación de inflación del Gobierno, según aseguró ayer el secretario de Estado de Economía, Pedro Pérez, tras su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso. Aseguró que se está firmando una subida salarial del 8,6%, mientras que sólo un 7,3% o un 7,5% sería compatible con la previsión no oficial del Gobierno para final de año. Ello tendrá, además, consecuencias sobre la creación de empleo, que puede ser inferior a la prevista por el Gobierno, según el secretario de Estado de Economía.

A juicio de Pedro Pérez, esas subidas salariales no sólo hacen más difícil la consecución de la previsión del índice de precios al consumo (IPC), sino que además impedirán que el crecimiento del empleo sea tan elevado como ha previsto el Gobierno. Pérez reconoció, no obstante, que la dificultad de cumplimiento de la previsión del Gobierno no se debe sólo al crecimiento de los salarios. El repunte de los precios durante el mes de febrero es una muestra de esto, aunque, en respuesta a una pregunta del Grupo Popular, aseguró que "la desviación de febrero no es en sí misma un motivo suficiente como para variar la estimación inicial".La escasez de ahorro interno para hacer frente a los planes de inversión fue, junto con la inflación, el problema destacado por los grupos de la oposición. El secretario de Estado aseguró que el ahorro global de la economía española no ha disminuido durante el pasado año, sino que aumentó una décima, para situarse en el 22,8% del producto interior bruto (PIB). Ese ahorro se destinó a financiar una inversión (formación bruta de capital) del 25,8% del PIB, ayudado por un déficit exterior del 2,8% del PIB.

La mejora en una décima del ahorro total de la economía española obedeció, según reconoció Pedro Pérez, a la aportación del sector público, ya que el ahorro de las familias ha disminuido durante los últimos años. Esa caída del ahorro privado no se debe, en opinión del secretario de Estado, a motivos fiscales, sino a que la liberalización del sistema financiero ha facilitado la obtención de créditos a las familias, con lo que, en lugar de ahorrar, resulta más fácil adelantar el consumo con rentas que se obtendrán en el futuro. A las facilidades para conseguir créditos se une, dijo, la mejora de la protección a las economías domésticas por parte del sector público.

La incapacidad del ahorro interior para hacer frente a la inversión también fue planteada al secretario de Estado de Comercio, Apolonio Ruiz Ligero, el cual aseguró que se estaba magnificando la importancia de la inversión extranjera, ya que en 1989 sólo supuso el 10% de la inversión total en España. Ruiz Ligero insistió en que las medidas de enfriamiento de la economía española posibilitarán una reducción de las importaciones, acompañada de un aumento de las exportaciones, aunque reconoció que no podía adelantar en qué cuantía.

Ese proceso de enfriamiento llevará, aseguró, a una convergencia entre las importaciones y las exportaciones de bienes. Con todo, el déficit exterior (por cuenta corriente) se situará este año entre el 3,4% y el 3,6% del PIB. Esta estimación, en la práctica, supone elevar en dos décimas la previsión publicada por el Gobierno en su cuadro macroeconómico de 1990.

El secretario general de Planificación y Presupuestos, Antonio Zabalza, aseguró -en los pasillos del Congreso- que el déficit exterior de este año será el peor de la década, ya que en los próximos ejercicios se iniciará una reducción del mismo hasta situarlo en el entorno del 2,5% del PIB en 1993, según el escenario macroeconómico que dará a conocer el Gobierno en la primera quincena de abril. Sobre este escenario, Zabalza adelantó que el proceso de enfriamiento económico se dejará sentir este y el próximo año, para volver a altas tasas de crecimiento en 1992.

Paga única por 13.000 millones

Zabalza también se refirió a la insuficiencia del ahorro para financiar la inversión interna. Afirmó que "se va a frenar el decrecimiento del ahorro de las familias, a lo que ayudará la nueva ley de renta al introducir mayores incentivos al ahorro de los que hay actualmente". Ese freno al deterioro del ahorro privado no se traducirá, dijo, en un aumento del mismo, ya que en los próximos años "habrá un pequeño aumento de la presión fiscal que ayude a conseguir el objetivo de déficit público cero para 1992".

El responsable de Planificación y Presupuestos adelantó que antes del verano los funcionarios de las Fuerzas Armadas recibirán la paga única de 52.525 pesetas que ya están cobrando los funcionarios civiles, y con la que el Gobierno considera saldada la deuda social. Esta paga supondrá un desembolso para el Estado de 13.000 millones de pesetas, que se arbitrarán con un anticipo de tesorería. En estos momentos se está elaborando la ley que permita el pago de la deuda social a los funcionarios de las Fuerzas Armadas, con lo que aún deberá pasar el trámite del Consejo de Estado antes de ser aprobada en Consejo de Ministros.