Gobierno y obispos dialogan sobre la LOSE, la COPE y la financiación eclesial en una reunión reservada

Representantes de Gobierno y de episcopado mantuvieron el pasado miércoles en Madrid un almuerzo en el que abordaron sus diferencias en torno al anteproyecto de ley de Ordenación de Sistema Educativo (LOSE), nuevas fórmulas de financiación de la Iglesia y las críticas al Ejecutivo por parte de la Cadena de Ondas Populares Españolas (COPE), propiedad del episcopado. Ambas partes, que han mantenido la máxima discreción, estuvieron representadas en el almuerzo de trabajo por tres altos cargos del Gobierno -dos de ellos ministros- y tres del episcopado.

La reunión ha estado rodeada de absoluta discreción y sus contenidos mantenidos en la máxima reserva. La delegación gubernamental estuvo integrada por el titular de Justicia, Enrique Múgica, la ministra portavoz, Rosa Conde, y el director general de Asuntos Religiosos, Luis María de Zavala. Por parte de la Igesia, la representación la ostentaban el nuncio de la Santa Sede, Mario Tagliaferri; el presidepte del episcopado, cardenal Ángel Suquía, y el secretario general de los obispos, Agustín García Gasco.Ni la Iglesia ni el Gobierno han tenido el más mínimo interés en que trascendiera la celebración de esta reunión de alto nivel. Otro tanto sucede con los contenidos, que medios gubernamentales se negaron a comentar ayer a este diario.

Una reunión de estas características no se producía a tan alto nivel desde la época de las sesiones de la comisión mixta Iglesia-Gobierno, en el fragor de la polémica sobre la Ley Orgánica sobre el Derecho a la Educación (LODE), a mediados de los años ochenta. Lo que ha vuelto a reunir a obispos y ministros alrededor de una mesa ha sido, de acuerdo con medios políticos, un nuevo contencioso educativo: el anteproyecto de la LOSE. Este tema fue abordado en lo que puede comportar de interpretación parcial de los acuerdos suscritos en 1979 entre el Estado español y, la Santa Sede. El propio nuncio había manifestado recientemente (véase EL PAÍS del pasado 13 de enero) su intención de abordar con el propio presidente del Gobierno, Felipe González, cómo quedaba el asunto de las clases de religión. El anteproyecto de la LOSE señala que la religión católica queda convertida en una asignatura optativa sin contrapartida de otra materia como pudiera ser la de ética, con lo que los alumnos de enseñanza no universitaria que no deseen acudir a ella podrían disponer de una hora libre. Los obispos consideran que ello vulnera los acuerdos, en los que se recoge el principio de no discriminación, mientras que el Gobierno sostiene lo contrario, por entender que el hecho de que impartan estas clases invalida cualquier supuesta discriminación. Prudencia episcopal

Sin embargo, todo parece indicar que en este asunto los obispos no van a jugar un papel opositor de primera línea, sino que serán las organizaciones confesionales las que muestren su rechazo al anteproyecto preparado por el equipo del ministro de Educación, Javier Solana. El episcopado se ha mostrado cauto en la mayor parte de sus declaraciones públicas.

Esta prudencia se produce en un momento en que el tema de la financiación de la Iglesia se mueve entre interrogantes. Por un lado, el Ejecutivo socialista podría dejar de complementar tras la próxima declaración de la renta la cantidad que la Iglesia recibe por la asignación tributaria -impuesto religioso-, cantidad que en el último ejercicio ascendió a unos 8.000 millones de pesetas. Por otro lado, la Iglesia católica también está pendiente de que se dé luz verde a la aplicación de exenciones fiscales a aquellos ciudadanos que deseen hacer donativos a esta confesión, cuando realicen la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

El presidente de los obispos en su discurso inaugural de la asamblea plenaria del episcopado, celebrada el pasado mes de febrero, criticó algunos aspectos de la política guberna mental, como la ampliación a un cuarto supuesto de la despe nalización del aborto, aunque en conferencia de prensa poste ríor matizó que no era ningún llamamiento abierto a la lucha

El cardenal Suquía también en esas fechas pasó de puntillas sobre el caso Juan Guerra. "No sé hasta dónde puedo responder, pero una primera impresión es que todo esto repercute muy desfavorablemente en el respeto a los partidos políticos". dijo entonces Suquía, quien agregó: "No querría echar la culpa a aquí o a allí; es un punto muy delicado".

A ello hay que añadir que el presidente del episcopado trató en todo momento de evitar niterpretaciones equivocadas respecto al documento que los obispos preparan y que lleva por título Sobre algunos aspectos de la nioralidad en la vida pública, del que Suquía dijo que lleva un año en preparación, "por lo que no surgió en un momento caliente". Todas estas muestras de prudencia han sido muy bien acogidas por el Gobierno. Lo que el Ejecutivo no se ha tomado tan bien han sido las críticas que le dirige la cadena perteneciente al episcopado, COPE, tema sobre el que se habló largamente en la reunión del miércoles. El Gobierno, a través de su propio presidente, ha reiterado en diversas ocasiones su malestar por los contenidos de la cadena radiofónica, que considera muy críticos.