El fiscal pide penas de hasta tres años por corrupción en las subastas de bienes

El fiscal de la Audiencia Provincial de Madrid ha pedido penas de entre seis meses y tres años de cárcel para cada uno de los 51 procesados en el sumario denominado de los subasteros y ha solicitado la apertura del juicio oral contra los implicados: 27 profesionales de las subastas judiciales de bienes, 23 funcionarios de 13 juzgados civiles y un particular. El fiscal los acusa de los delitos de cohecho, estafa y maquinaciones para alterar el precio de las cosas.

El sumario de los subasteros fue abierto en 1987 por el magistrado José María Álvarez Seijo, entonces titular del Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid, al que el Consejo General del Poder Judicial concedió una comisión de servicio para su dedicación en exclusiva a esta investigación. Ernesto García López, uno de los principales implicados, acusó a Álvarez Seijo de irregularidades procesales, pero el Tribunal Supremo se negó a actuar contra el magistrado, por entender que su actuación fue correcta "desde el punto de vista jurídico-penal".Según la investigación realizada desde 1984, los 27 subasteros se distribuían en dos grupos, dirigidos respectivamente por García López y los hermanos Eugenio y Carlos Fernández Loma. Los policías encargados del caso realizaron por orden judicial escuchas telefónicas, registros y examen de numerosos documentos, de todo lo cual se dedujo la colaboración entre ellos y 23 funcionarios de distintos juzgados civiles para amañar subastas de bienes o conseguir, por procedimientos irregulares y a bajo precio, los objetos a subasta. En algunas de estas operaciones se obtuvieron ilegalmente hasta 20 millones de pesetas de beneficios, en los que en algunos casos también participaron los funcionarios judiciales.

Las 'subastillas'

El fiscal ha calificado la causa y ha elaborado sus conclusiones provisionales, en las que considera que los 51 procesados se dedicaron desde 1980 a 1987, con diversos grados de participación, al control extrajudicial de las subastas, con ocasión del cual se cometieron los delitos que ahora se les imputan. Uno de los procedimientos utilizados era la llamada subastilla, consistente en una puja restringida, realizada de común acuerdo al margen de la actividad judicial, para concertar la adjudicación de los bienes sometidos a subasta.Además de las penas de seis meses a tres años de cárcel solicitadas, el fiscal ha pedido distintas cantidades en concepto de multas y de indemnizaciones a los perjudicados. Asimismo, pide la inhabilitación durante cuatro años para el ejercicio de la función pública en la Administración de Justicia. Una vez calificados los hechos por el fiscal, que ha pedido la celebración del juicio oral, el sumario ha pasado a las defensas para su sucesiva calificación, tras de lo cual la Audiencia Provincial de Madrid fijará fecha para el juicio.

Los procesados se encuentran en libertad provisional bajo fianza que, en algunos casos, como el de García López, se eleva a 13 millones de pesetas. A los funcionarios se les exigieron fianzas de entre 20.000 y 75.000 pesetas.

En fuentes jurídicas se atribuye gran importancia a este sumario y se señala que, junto a la medida del Consejo General de Procuradores para erradicar la entrega ilegal de dinero en los juzgados, la investigación sobre las subastas ha sido decisiva para la erradicación de las corruptelas en las oficinas judiciales.