Las centrales piden la extensión del subsidio agrario a siete comunidades

El Gobierno y los sindicatos UGT y CC OO abrieron ayer una nueva mesa negociadora con el objetivo de buscar soluciones al paro agrario y reformar el subsidio de los jornaleros del campo. En esta primera reunión se ha tratado de crear para los jornaleros un contrato de trabajo con el objetivo de evitar el fraude en la compra de peonadas para acceder al subsidio. Los demás puntos acabaron en discrepancias.

Las discrepancias obedecen a que los sindicatos piden la extensión de la protección a las comunidades autónomas que tienen paro agrario, mientras que la Administración pretende limitar la reforma del actual sistema vigente a Andalucía y Extremadura. Las dos centrales coinciden en que el subsidio se aplique además en Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia, Canarias, Valencia y algunas zonas de Aragón. Para esas zonas, la Administración admite tan sólo estudiar inversiones en las comarcas donde existen bolsas de paro y propone que ello se estudie en una negociación que se desea abrir dentro de uno o dos meses.El Gobierno, mientras, cree que lo que más urge es delimitar el contenido del decreto que debe regir el subsidio agrario en Extremadura y Andalucía durante 1990.

Admite la posibilidad de incluir en él la petición sindical de extender desde los 52 años el subsidio indefinido hasta la edad de jubilación. Ello se tratará en la nueva reunión fijada para el 1 de febrero, así como participación de los representantes sindicales en la gestión de control y seguimiento de las comisiones locales de empleo formadas con los ayuntamientos.

Evitar el fraude

Una novedad adelantada por el secretario general de Empleo, Álvaro Espina, bien recibida por los sindicatos, consiste en modificar el acceso a las prestaciones para evitar el fraude habilitando un contrato del que ahora no disfrutan los trabajadores del campo y que persigue diferenciar a los auténticos jornaleros y excluir de la percepción del subsidio a quienes ahora acceden a el mediante la compra de peonadas. Las centrales son las primeras interesadas en arbitrar medidas para corregir el fraude, ya que en estos momentos reciben subsidio en Andalucía y Extremadura 320.000 beneficiarios, una cifra superior a los desempleados del campo de toda España que aparecen en la encuesta de población activa.La Administración propone asimismo intensificar la protección a los colectivos con más necesidad y sobre todo a los de mayor edad, que tienen dificultades especiales para la movilidad profesional; modular la protección según sean los miembros de la unidad familiar, y facilitar a los jornaleros más jóvenes una formación profesional que les permita el cambio de actividad.

Previamente a esta reunión las federaciones del campo de CC OO y UGT han elaborado una plataforma sindical prioritaria específica para los jornaleros que reclama reformas más amplias del subsidio agrario, entre las que se incluyen la extensión territorial piden una adecuada formación profesional o la creación de un salario social que cubra las situaciones de pobreza y marginación en las zonas rurales.