Jóvenes ante el alcohol

LA DECISIÓN del Ayuntamiento de Vitoria de prohibir mediante una ordenanza el suministro y venta de alcohol a jóvenes menores de 18 años en bares, discotecas y pubs y el acceso de los menores de 16 a estos establecimientos públicos cerrados entra dentro del indeclinable deber de los poderes públicos de proteger la salud de los ciudadanos. No se trata con este tipo de medidas de poner en circulación un moralismo trasnochado cuyo objetivo es hacer buenos a los ciudadanos de acuerdo con los criterios de un código imperativo de buenas costumbres. Se trata simplemente de que no se convierta en papel mojado el mandato constitucional vinculante para los gobernantes de tutelar la salud pública incluso con medidas preventivas, sobre todo cuando las víctimas potenciales son jóvenes y adolescentes de personalidad todavía inmadura, sin suficientes defensas ante la presión de¡ culto social al alcohol y de quienes lo alimentan sin otros criterios que los del beneficio económico.Precisamente, la venta indiscriminada de alcohol en locales de moda -en muchos casos a menores de 16 años- hace cada vez más urgente una actuación vigilante y decidida de los poderes públicos para que, en lo que de ellos dependa, el buen ambiente y la marcha no impliquen necesariamente el inicio de un camino que lleve al alcoholismo, una enfermedad que constituye la tercera causa de mortalidad en España, que provoca el 50% de los accidentes de tráfico y está en el origen de muchos de los problemas familiares, personales y psicológicos que afectan a los jóvenes. Uno de los propietarios de locales de moda de la juventud alavesa -Vitoria se lleva la palma en el consumo de alcohol entre adolescentes- ha pretendido movilizar a los jóvenes contra la política municipal con argumentos harto endebles y, sobre todo, interesados. El empresario en cuestión ha tenido, sin embargo, la feliz idea de formar un partido político, que él califica de "apolítico", pero que serviría para que quienes están a favor del consumo de alcohol entre los jóvenes menores de edad defiendan esta alternativa claramente política sin tapujos y, si los tienen, con argumentos serios.

Es cierto que las actuaciones públicas no bastan para conjurar el peligro del abuso del alcohol entre los jóvenes, propiciado por un medio social tremendamente competitivo, el paro laboral, la falta de perspectivas en determinados momentos de la vida juvenil y la constante presión publicitaria al consumo. El entorno familiar y el ámbito escolar tienen también mucho que hacer en esta batalla. Pero los poderes públicos no pueden quedarse con los brazos cruzados -e incluso deberían actuar con mayor rigor y diligencia de lo que lo hacen- ante prácticas comerciales y negocios basados fundamentalmente en expender en locales abiertos al público una droga tan dañina como el alcohol entre personas que no han alcanzado todavía la madurez necesaria para decidir en libertad y con conocimiento de causa. La vida del adolescente no concluye, ni mucho menos, a la salida de los colegios, siendo merecedora de protección por parte de los poderes públicos hasta la mayoría de edad.