La 'mafia' colombiana acepta el "triunfo del Estado"

PILAR LOZANO Los extraditables ofrecieron ayer entregar las armas, desmontar el negocio de la cocaína y acabar con atentados y asesinatos. Todo a cambio de que el Gobierno les dé garantías para reintegrarse en la vida civil. El Ejecutivo no ha respondido aún a la propuesta, pero en Colombia se recibió la noticia como el anuncio del comienzo del fin de la guerra entre el Gobierno y el narcotráfico, iniciada tras el asesinato del senador Luis Carlos Galán, el pasado mes de agosto.

La historia de cómo se gestó y se conoció este documento es como para no creerla. El martes pasado, los llamados notables (un cardenal, dos ex presidentes liberales y el presidente de una organízación de izquierdas) enviaron un mensaje urgente a los extraditables pidiéndoles que suspendieran los envíos de drogas a Estados Unidos y que soltaran a los secuestrados, uno de ellos, Diego Montoya, hijo del secretario general de la Presidencia.El miércoles por la mañana, una llamada anónima a los medios de comunicación de Medellín anunció que en un furgón abandonado en el barrio Medellín sin Tugurios, construido hace unos años por Pablo Escobar, estaban dos de las secuestradas por los extraditables. Los periodistas que llegaron al lugar, uno de los sectores más pobres de la ciudad, rompieron el candado que cerraba la puerta del furgón y encontraron a dos mujeres -madre e hija- asustadas, que, con voz temblorosa, repetían: "Traemos el documento de los extraditables. Tenemos que entregarlo al Gobierno. Hemos conocido la patriótica carta de los notables. Esta es la respuesta a tan elevados propósitos". Inmediatamente, los periodistas se encargaron de difundir al país, a través de las cadenas de radio, los 11 puntos del documento."Aceptamos el triunfo del Estado, de las instituciones y del Gobierno legítimamente establecido. Deponemos las armas, nos acogemos al ordenamiento legal y cívico, con la esperanza de obtener del Gobierno el respeto a nuestros derechos y el reintegro a nuestras familias y comunidades", dice uno de los puntos.Oferta de mediaciónEn otra parte los extraditables afirman: "Hemos decidido suspender el envío de drogas y entregar las armas, explosivos, laboratorios, rehenes, pistas clandestinas y demás elementos propios de nuestra actividad, en el momento en que el Gobierno nos dé garantías constitucionales y legales".

Los jefes de la droga prometen además que no habrá más atentados dinamiteros ni asesinatos de políticos, dirigentes, militares, periodistas, jueces o policías. Y algo más: se ofrecen de mediadores para obtener la paz con los esmeralderos, los paramilitares y las bandas de sicarios. No hablan de extradición. Dicen simplemente que "se acogen al ordenamiento legal vigente" y piden respeto a sus derechos.

Aunque una respuesta así se esperaba, el documento causó sorpresa. Para muchos, éste abre a Colombia la puerta al camino de la paz. Algunos ven el documento como un acto de rendición; otros, simplemente como un reconocimiento de los extraditables de su condición de ilegalidad y del Estado de derecho, lo que permitiría al Gobierno entrar a negociar con ellos.Los barones de la droga, como prueba de su buena voluntad, entregaron a las dos mujeres se cuestradas desde el pasado 16 de diciembre, y anunciaron que a medida que las circunstancias lo permitan irán entregando a to dos sus rehenes. Según el DAS (policía secreta colombiana), en su poder están en este momento 16 personas. Las dos liberadas, esposa e hija de un cirujano y cu ñadas de una de las hijas del pre sidente Virgilio Barco, asegura ron que durante el mes de cauti verio las trataron "muy bien".

La expectativa ahora es conocer la respuesta del Gobierno. Hasta el momento, las declaraciones de los funcionarios del Estado han sido un tanto contradictorias. El general Harold Bedoya, comandante de la cuarta brigada, con sede en Medellín, aseguró que el documento era el producto de un nuevo chantaje que los n arcotrafic antes quieren hacer al país en momentos en que sus capos se sienten en proceso de liquidación y en apuros financieros. Para el general Bedoya, la entrega de armas y el desmantelamiento del negocio de la droga son sólo utopías. El ministro de Gobierno, Carlos Lemos, se mostró de acuerdo con lo dicho por Bedoya y descartó el indulto para los narcotraficantes. Aseguró que un tratamiento menos riguroso con la mafia convertiría al Estado en rehén.El presidente, Virgilio Barco, que se había mostrado inflexible, dejó entrever el martes por la noche, que el Gobierno puede estar pensando en carnáos distintos a los de la guerra. "¿El Gobierno va a seguir en su posición radical de no diálogo con los narcotraficantes?", preguntó un periodista. "No somos inflexibles sobre nada. Estamos dispuestos a estudiar todos los problemas del país", respondió el presidente. "¿Pero va a apoyar algún acuerdo entre notables y extraditables?". "Amanecerá y veremos", fue la corta respuesta del presidente.[El Gobierno norteamericano informó que los hermanos colombianos Diana María y Roberto Caballero fueron entregados ayer por el Gobierno de Bogotá para ser juzgados en EE UU por tráfico de cocaína. Al mismo tiempo, el presidente George Bush rechazaba el comunicado de los extraditables. "Para mí los narcotraficantes no tienen ninguna credibilidad", dijo, informa Efel.

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