Bush promete a Barco pedir permiso para combatir la droga

CARLOS MENDO El presidente George Bush,en un intento de suavizar la tensión creada en Colombia por el envío de unidades navales norteamericanas al Caribe, ha asegurado al primer mandatario colombiano, Virgilio Barco, que "EE UU no emprendería ninguna acción [antidroga] sin el pleno consentimiento del Gobierno de Bogotá". En un comunicado de la madrugada de ayer, la Casa Blanca anunció que Bush telefoneó a Barco para "expresar su pesar por el malentendido creado por noticias periodísticas equivocadas en torno a una proyectada operación antinarcóticos".

"El presidente [Bush] aseguró al presidente Barco que Estados Unidos no tenía intención de llevar a cabo ninguna actividad en las aguas territoriales colombianas, que no se emprendería ninguna acción sin el pleno consentimiento y cooperación del Gobierno de Bogotá y que [Washington] nunca consideró un bloqueo de las costas colombianas", añadía el comunicado.Bush explicó a Barco que "la única intención de Estados Unidos era cooperar con Colombia y complementar los valientes esfuerzos del presidente colombiano en su lucha contra los cárteles de narcóticos".

Los dos presidentes, siempre según el comunicado de la Casa Blanca, lamentaron que Informaciones poco precisas y confusas hubieran creado una falsa impresión de la puesta en vigor de unos planes, que aún no se han aprobado, sobre la cooperación futura norteamericana con el Gobierno colombiano".

Por su parte, el presidente Virgilio Barco expresó su convencimiento de que "George Bush nunca aprobaría unas acciones que violaran la soberanía colombiana".

Decisión del Pentágono

Al mismo tiempo, la declaración Je la Casa Blanca incluía la sorprendente afirmación de que Bush "no había autorizado [la celebración de] maniobras navales".

La gravedad de esta afirmación es evidente, ya que, en el caso de confirmarse, pondría de manifiesto que los mandos militares han actuado por su cuenta, incluso antes de contar con la probación final de su comanlante en jefe, en este caso el presidente de Estados Unidos, para niciar una operación.

Los medios de comunicación ian denunciado ya esta tendencia de actuar unilateralmente por parte de los militares, evidenciala en algunas acciones llevadas a cabo por las tropas norteamericanas durante la invasión de Panamá, como, por ejemplo, el infantil bombardeo de la nunciatura ipostólica con canciones rock Jurante el tiempo, que el ex hombre fuerte Manuel Antonio Noriega estuvo refugiado y el arbitrario registro de la residencia del embajador de Nicaragua.

Ante la tormenta política creada en Colombia por la reveación del envío al Caribe el viernes 5 de varias unidades navales, entre las que se encuentran el portaviones Kennedy y el crucero Virginia, el Pentágono trató de luitar importancia a la operación militar, a la que calificó de simples "maniobras navales rutinarias".

Por su parte, el canciller colombiano, Julio Londoño, manifestó que Colombia no participaría en esas "maniobras", y añadió que su Gobierno se opondría a la interceptación de navíos con bandera colombiana, aunque esa nterceptación se llevara a cabo in aguas internacionales.

Entretanto, Estados Unidos ha firmado un acuerdo de cooperación en la lucha contra el tráfico de estupefacientes con el nuevo Gobierno panameño del presidente Guillermo Endara.

El acuerdo, por el que ambos países se comprometen a combatir conjuntamente la producción y el tráfico de drogas, así como el blanqueo de dinero procedente de ese tráfico, supone, entre otras cosas, la eliminación de Panamá de la lista negra de países relacionados con el comercio de estupefacientes y el restablecimiento de las cuotas de exportación de azúcar panameña al mercado norteamericano, suspendidas en 1988 tras el procesamiento de Noriega por dos tribunales de Florida.

Por su parte, la directora de Emigración del régimen de Noriega, Bélgica del Castillo, y su marido, Carlos, refugiados en la Nunciatura Apostólica en Panamá, se han entregado a las tropas norteamericanas después de que las autoridades vaticanas les comunicaran la imposibilidad de concederles el asilo político.

Funcionarios del nuevo Gobierno panameño han acusado a la ex funcionaria de haber vendido permisos de residencia en Panamá a 65.000 emigrantes de Cuba, República Popular de China y Libia.