Los inspectores rechazan la colaboración de la policía en la lucha contra el fraude fiscal

Los inspectores de Hacienda realizarán asambleas el próximo 22 de enero en los centros de trabajo para decidir si se adoptan medidas de presión en demanda de una mejor organización del trabajo, mayores retribuciones y de instrucciones por escrito sobre la aplicación de la ley de renta y patrimonio. En una carta dirigida por la asociación que agrupa a los inspectores fiscales (Apife) a sus afiliados se critica la actuación de la policía en la investigación del fraude fiscal por falta de una normativa que la regule.

La extensa carta, firmada por la junta directiva de Apife -que preside Pilar Valiente- y dirigida a los 1.250 inspectores financieros y tributarios del Ministerio de Hacienda, está escrita en un tono de hasta aquí hemos llegado. En ella se relatan las diferentes gestiones realizadas en los últimos meses y la última entrevista celebrada con el secretario de Estado de Hacienda, José Borrell, con un balance negativo.La relación de agravios es la siguiente: "ineficacia en la organización actual; penuria de nuestras retribuciones, ausencia de instrucciones por escrito para una uniforme y correcta aplicación de la Ley 20/1989 de adaptación de la sentencia del Tribunal Constitucional; y la presencia con carácter permanente de miembros de la policía en las dependencias de la Inspección".

Sobre la organización del trabajo, los inspectores reclaman el abandono de la actual asignación territorial y la puesta en marcha de una estructura sectorial que permita la especialización. Otro problema que, a juicio de Apife, "no se puede retrasar por más tiempo", es un aumento en las retribuciones, aspecto sobre el que "las autoridades deberían elucubrar menos y observar con más detenimiento la realidad". La realidad a que se refiere la asociación es la de los sueldos en el sector privado.

Se insiste, además, en la ausencia de instrucciones por escrito sobre cómo aplicar la ley de renta y patrimonio, en especial, sobre su régimen transitorio, es decir, sobre aquellos expedientes o actas pendientes de resolución firme en el momento de emitirse la sentencia del Constitucional (el pasado 20 de febrero). En una carta anterior dirigida a José Borrell, Apife acusó de irresponsabilidad a las autoridades tributarias y de inducir a los inspectores a actuar sin cobertura legal suficiente.

Sólo de palabra

En la carta de Apife dirigida a sus asociados, se señala que sobre este asunto se han transmitido sólo instrucciones de palabra, lo que ha hecho nacer "una nueva fuente de derecho tributario: la instrucción verbal del superior jerárquico". Ello crea, según fuentes de la asociación, un clima de inseguridad jurídica entre los contribuyentes, en el que los inspectores difícilmente pueden desarrollar un trabajo digno.La presencia permanente de miembros de la policía en las dependencias de la inspección es otro de los motivos de malestar entre este colectivo. Los ministerios de Interior y Hacienda acordaron a finales del pasado año la colaboración de la policía con la inspección fiscal en el descubrimiento del fraude en pólizas de seguro de prima única, ante la sospecha de que detrás de este producto podía esconderse dinero procedente del tráfico de drogas y de armamento.

Sin embargo, esta colaboración no ha sido bien recibida por los inspectores fiscales. En la carta de Apife se señala que la presencia policial "supone un aterrizaje por la vía de hecho, sin que se regule previamente, a través de una norma de rango legal, en qué condiciones pueden los miembros de la policía intervenir en procedimientos tributarios".

Ante la falta de solución a todos estos asuntos, Apife ha convocado reuniones de inspectores en todas las delegaciones de Hacienda para el próximo 22 de enero. En ellas, se estudiará la propuesta de iniciar, a partir del 1 de febrero próximo, medidas de presión. Desde principios de año, otro colectivo de Hacienda, los subinspectores fiscales, llevan a cabo una huelga de celo o trabajo a reglamento, en demanda de mejoras salariales y en las condiciones de trabajo.