Izquierda Unida pide la suspensión de las compras de carbón surafricano

Izquierda Unida presentará en el Congreso dos proposiciones de ley en las que pide la suspensión de las importaciones de carbón surafricano y la concesión de estatuto diplomático a la representación en España del Congreso Nacional Africano (ANC), el partido antirracista que lidera Nelson Mandela, según han manifestado a EL PAÍS fuentes del Partido Comunista de España (PCE).Después de que el Gobierno decidiera suspender por tiempo indefinido la puesta en práctica de un plan destinado a reducir en un 25% a partir de este año las compras de carbón procedente de Suráfrica (ver EL PAÍS del pasado 6 de enero), IU pedirá la cancelación de todos los contratos en vigor y la supresión de las importaciones de dicho mineral surafricano con fecha 1 de enero de 1991.

Fuentes diplomáticas han atribuido a la incertidumbre ante la evolución de la tímida apertura iniciada por el nuevo presidente de Pretoria, Frederik de Klerk, la decisión de dejar en suspenso el compromiso adquirido ante el Congreso de los Diputados por el ministro de Asuntos Exteriores, Francisco Fernández Ordóñez, el 21 de junio pasado.

España ha comprado entre enero y septiembre de 1989 3.861.000 toneladas de carbón procedente de Suráfrica; lo que equivale al 48,8% del total del carbón importado. El surafricano es uno de los carbones de mayor calidad del mundo y también uno de los más baratos. En 1989, su coste ascendía a 5.011 pesetas la tonelada, por lo que sólo el soviético (4.839 pesetas la tonelada) resultaba mas barato.

El grupo parlamentario de IU quiere también que se otorgue un rango diplomático, similar al que disfruta la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), a la representación permanente que el ANC acaba de instalar en Madrid. El Ministerio de Asuntos Exteriores, que de momento se ha limitado a financiar el viaje a nuestro país del representante del principal movimiento contrario al apartheid, Ben Mohlate, le ha requerido que inscriba una asociación en el registro del Ministerio del Interior para legalizar el funcionamiento de su oficina en España.