La compleja batalla legal

La batalla militar ha terminado con la derrota de Manuel Antonio Noriega. Ahora comienza la legal, en la que el ex hombre fuerte de Panamá tiene muchas más posibilidades de ganar gracias a las garantías procesales que el sistema judicial norteamericano otorga. Este, radicalmente diferente del existente en los países latinos, incluida España, no contempla la figura del juez instructor y los fiscales federales son funcionarios de la rama ejecutiva y no de la judicial.El procesamiento es decidido no por el juez nombrado para el caso sino por un gran jurado compuesto por entre 16 y 23 personas . Sus sesiones son secretas y todos sus miembros se obligan a guardar el secreto de las deliberaciones que, si se rompe, puede ser castigado con una. fuerte multa o con la cárcel. Los testigos que aporta la acusación pública se cuidan mucho de no mentir en sus declaraciones, ya que pueden ser procesados por perjurio. El auto de procesamiento no implica la culpabilidad de una persona, que sólo puede ser determinada por un jurado en el juicio público posterior.

Cuando un gran jurado decide el procesamiento, -en el caso de Noriega, dos diferentes en Tampa y Miami así lo decidieron en febrero de 1988- la persona es detenida y llevada ante el juez para proceder a la lectura de los cargos. Éste le pregunta si se declara. culpable o no culpable y es entonces cuando comienza la verdadera batalla procesal.

La defensa tiene derecho a exigir la libertad provisional o condicional de su cliente en el plazo de una semana. Para ello todas las partes involucradas han de comparecer ante el juez, que es quien decide después de oír los argumentos del fiscal y de la defensa.

Viene luego, la elección de un jurado de 12 miembros imparciales. El juez se limita a dirigir el juicio y a dictar sentencia si la persona es encontrada culpable. En el caso del general Noriega, la batalla sobre la elección de los jurados promete ser larga y enconada ante la dificultad de encontrar a 12 personas imparciales para juzgar, a quien el propio presidente de Estados Unidos ha acusado varias veces por televisión de ser "un narcotraficante causante de la muerte" de los jóvenes estadounidenses, en alusión a los fallecidos por el consumo del crack, un derivado de la cocaína.

Predisposición

Existe una predisposición natural contra Noriega por parte de los posibles jurados, que tienen necesariamente que ser elegidos entre residentes del condado de Dade donde se encuentra situada Miami.

Dade tiene una población mayoritaria de cubano-estadounidense rabiosamente anticastristas, que recuerdan perfectamente las conexiones entre el general panameño y el presidente cubano. Por eso, y en un intento de alargar el juicio, expertos legales consideran muy posible que la defensa exija la celebración de la vista en otra localidad.

La acusación tratará probablemente de presentar como nuevas pruebas los documentos, cocaína y otra evidencia aprehendida por las tropas norteamericanas durante su asalto al cuartel general de Noriega. Pero la defensa puede invocar la Cuarta Enmienda de la Constitución de EE UU, que prohibe específicamente la presentación de pruebas "obtenidas por medios no razonables". Debido a la enmienda, los tribunales suelen negarse a aceptar pruebas obtenidas sin el oportuno mandato judicial.

Una de las bazas importantes en manos de la defensa -ya ha anunciado que piensa jugarla a fondo-, es el derecho a pedir la lectura en la vista de documentos secretos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y de la Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA) considerados como "material sensible", que prueben la antigua conexión entre los servicios de espionaje norteamericanos y Noriega.