Cerco final al nazi

Los británicos han decidido procesar a los sospechosos de participar en el genocidio nazi que encontraron refugio en el país al final de la II Guerra Mundial, en una acción ya adoptada por Australia, Canadá y Estados Unidos y que en las islas Británicas afecta a tres personas, con otras 121 en lista de espera. La Cámara de los Comunes empleó tres horas de cargado y emocional debate en la discusión sobre un asunto que amenaza con revolver oscuras decisiones políticas y erizar sentimientos antisemitas. La comunidad báltica del Reino Unido, principal sujeto de la investigación, se cree víctima de una caza de brujas promovida por el oro judío.

La Cámara de los Comunes ha comisionado por amplísima mayoría al Gobierno para que prepare las modificaciones legales necesarias, a fin de que sea factible el procesamiento de esos antiguos colaboradores nazis, llegados al país en los primeros años de la posguerra como refugiados del horror bélico. La base del debate fue una investigación sobre crímenes de guerra (el informe Hetherington, el nombre del principal coautor) presentada el pasado verano que concluyó que había cuatro casos con "fundamentos sólidos" de culpabilidad sobre siete estudiados en detalle de una lista de 301, en la que se descubrieron otras 121 personas dignas de investigación adicional.La Cámara de los Lores había discutido el informe con anterioridad y se pronunció mayoritariamente en contra de reabrir viejas heridas, por más que lord Jakobovits, el rabino líder de la comunidad judía británica, manifestara: "Si dejamos sin castigo a los secuaces [de Hitler], estaremos ofreciendo al tirano una victoria póstuma". El obispo de Saint Albans, John Taylor, desde el lado de la mayoría, dijo comprender los sufrimientos de la comunidad hebraica, "pero al mismo tiempo he de pensar en el resurgimiento del antisemitismo en este país. Lo he visto en mi diócesis".

Revisión del pasado

En debate de la Cámara baja se dilucidó en tomo a parecidas líneas. Conservadores y oposición aparecieron divididos, lo mismo que el propio Gobierno. Margaret Thatcher, seguida de sus ministros de Exteriores, Douglas Hurd, e Interior, David Waddington, votó por la revisión del pasado, idea en la que se le sumó Neil Kinnock. Malcolm Rifkind, responsable de Escocia y único judío del Gabinete, también estuvo en este grupo, mientras el ministro de Hacienda, John Major, votaba en contra junto con Paddy Ashdown y David Owen, líderes de otros partidos menores.La ley británica -que no establece un límite temporal para la expiración de responsabilidades en un delito de sangre- impide el procesamiento por delitos cometidos en el extranjero por no británicos contra no británicos: el caso de las atrocidades que ahora se c¡tan, previa reforma de la ley, perpetradas durante la guerra por soldados bálticos y ucranianos embutidos en uniformes del Ejército nazi contra judíos residentes en aquellas zonas.

La materia prima inicial para la investigación de sir Thomas Hetherington fue entregada en 1987 al Gobierno británico por el Centro Simon Wiesenthal: dos listas con 17 sospechosos y una relación de 34 nombres ofrecida por las autoridades soviéticas a la televisión escocesa. La mayoría de los acusados sirvió presuntamente en los Einsatzgruppen (pelotones móviles de ejecución), a los que se atribuye el asesinato de unos 900.000 judíos en 15 meses de ocupación alemana en el Báltico y Ucrania, regiones de arraigado antisemitismo.

Hace casi tres años, la simple idea de reinstaurar los tribunales para crímenes de guerra que dejaron de operar en 1948 resultaba "imposible de concebir" en el Reino Unido, en palabras de Waddington, entonces subsecretario de Interior. "A veces uno se encuentra, con hechos que no pueden ser enterrados", dijo en el debate parlamentario el hoy ministro.

El letón Andre Pestrak, uno de los cuatro principales sospechosos, ha muerto este año, y otro está gravemente enfermo, lo que plantea dudas sobre el resultado final del proceso y sobre la capacidad defensiva de octogenarios con posibles problemas de memoria.

La Office of Special Investigations (OSI), instituida hace 10 años en Estados Unidos para tratar la misma cuestión, ha adoptado medidas contra 80 criminales de guerra nazis, y ha llegado a la conclusión de que los ancianos pueden recordar perfectamente lo ocurrido.

Los pensionistas bálticos y ucranianos residentes en Londres, en cuyo seno aún conviven los que asintieron a la solución final de Hitler, están furibundos con la revisión en marcha. "Es dinero judío lo que hay detrás de todo esto", replica airada una estona que niega que haya criminales de guerra en su comunidad. "Y si los hubiera, deberían haber sido juzgados en 1946 o 1947", agrega.

Los bálticos nacionalizados británicos no pueden odiar más a los soviéticos, cuyas pruebas en contra de los presuntos criminales de guerra no les merecen ningún crédito por proceder de la URSS, "que fue y sigue siendo un ocupante de los Estados bálticos", tal y como señalaba la carta dirigida el año pasado por el Consejo Báltico a Douglas Hurd, en un intento de responder a las acusaciones contra sus nacionales. Neal Sher, director de la OSI, replica que nunca ha habido falsedad en los documentos enviados por Moscú.

Participación voluntaria

El Reino Unido alega que no puede pasar a la historia como un refugio de criminales abyectos, y trata de distinguir entre la participación voluntaria en actos de genocidio y las atrocidades propias de una contienda en la que intervinieron sus propios soldados, como la entrega de 70.000 combatientes, mujeres y niños a los verdugos de Tito y Stalin al final de la guerra.El eventual procesamiento de los nazis residentes en el país va a poner en evidencia los servicios de espionaje británicos (MI6) y a sus mentores políticos de la pos-guerra, que ocultaron el pasado de ucranianos y bálticos que lucharon en las filas de Hitler en la medida en que eran útiles como agentes dese stabiliz adores del régimen soviético. Entre los es pías que el MI6 colocó entre 1949 y 1955 en las costas bálticas había participantes en escuadrones de la muerte nazis.

El Ministerio del Interior no era tampoco ajeno a determinados pasados, y cuando en 1948. los polacos estrecharon el cerco en torno a Vladislav Dering, acusado de realizar experimentos médicos con los presos de Auschwitz, un funcionario escribió un informe en el que señalaba que "preparar su emigración a algún país latinoamericano puede ser la mejor solución" para salvar el problema. Dering, más tarde funcionario de Exteriores, recibió la Orden del Imperio Británico.

De Latinoamérica fue extradido a Francia Klaus Barbie, el jefe de la Gestapo de Lyón, que en su momento alegó que los servicios de espionaje británicos, como hicieron con éxito los norteamericanos, le quisieron contratar como agente. La relación del MI6 con Barbie está rodeada de misterio por la negativa del Gobierno a publicar información oficial sobre el caso.