González intentará introducir la ley de huelga en el diálogo abierto sobre la plataforma sindical

Felipe González se comprometió ayer con Nicolás Redondo y Antonio Gutiérrez a recuperar la concertación social y a discutir la Propuesta sindical prioritaria. El diálogo, coordinado por los ministros Solchaga, Chaves y Almunia, se iniciará en los próximos días abordando la subida de las pensiones, las retribuciones de los funcionarios, el salario social y otros aspectos sociales de los Presupuestos Generales de 1990. La intención del Ejecutivo es introducir también en el debate compromisos de su programa electoral, tales como la polémica ley de huelga y el Consejo Económico y Social.

El Gobierno se reunirá la próxima semana con los sindicatos para informarles sobre el contenido del decreto de prórroga de los Presupuestos que va a ser aprobado por el Consejo de Ministros el 29 de diciembre. El jefe del Ejecutivo indicó ayer a los secretarios generales de UGT y CC OO, Nicolás Redondo y Antonio Gutiérrez, que las cifras del decreto no condicionan la negociación futura sobre algunos capítulos de la ley de Presupuestos.El método de trabajo propuesto por Felipe González consiste en celebrar una primera reunión entre las centrales y los ministros de Economía, Trabajo y Administraciones Públicas, con posteriores intervenciones ocasionales de los responsables de otros departamentos afectados como Industria y Sanidad.

Puntos más urgentes

Los objetivos de la negociación serán los puntos de la Propuesta sindical prioritaria (PSP) que requieren más urgencia porque deben tener un impacto inmediato en la ley de Presupuestos. Se trata de un importante paquete de prestaciones sociales con la ley de pensiones no contributivas, enviada ya a las Cortes pero sujeta a modificaciones; la equiparación de la pensión mínima al salario base; la subida de las retribuciones de jubilados y funcionarios, y el desbloqueo de las ayudas para formación profesional. También se abordará lo que las centrales denominan deuda social. El presidente del Gobierno avanzó ayer a Gutiérrez y Redondo que considera justo que pensionistas, parados subsidiados y empleados públicos tengan una compensación por el poder de compra perdido al situarse la inflación muy por encima de la primera previsión del 3%, aunque no concretó criterios ni cantidades.Como fecha orientativa para tratar esas cuestiones se ha fijado de plazo hasta el 31 de enero aunque, si es necesario, el diálogo proseguirá durante el trámite parlamentario de las cuentas del Reino que debe concluir en el mes de mayo.

Antonio Gutiérrez informó que el resto de los puntos de la PSP se van a negociar con más calma Y evitando experiencias anteriores de "discusiones atropelladas". Él y Redondo explicaron al presidente del Gobierno que el problema que consideran más grave es el empleo, junto a la reorientación de las inversiones, la distribución de la renta y el incremento de la precariedad. Todos ellos serán objeto de una posterior negociación para la cual las centrales han solicitado no se impongan plazos fijos, extremo que ha sido aceptado por el jefe del Gobierno.

Los máximos dirigentes de UGT y Comisiones propusieron asimismo a Felipe González articular mecanismos para revisar las retribuciones de los colectivos cuyas rentas se fijan en los Presupuestos de forma que no pierdan poder adquisitivo. El presidente del Gobierno, según interpretaron los líderes sindicales, no ocultó su resistencia a admitir cláusulas de garantía salarial para funcionarios y pensionistas pero sí está dispuesto a debatirlo.