La ocasión de Pujol

A LOS 10 años de la aprobación del estatuto de autonomía, el Parlamento catalán ha aprobado una declaración política según la cual el pueblo de Cataluña "no renuncia" al derecho de autodeterminación. Ha sido una declaración por sorpresa, vergonzante, mediante una simple proposición no de ley sacada de la manga en una comisión que trata de asuntos administrativos y no en un pleno. Un procedimiento muy barato para un asunto tan significativo.La argucia procedimental ha posibilitado un contenido tan pobre de espíritu como aparatoso e inconcreto, y, aunque enunciada en negativo, significa claramente la reivindicación de la necesidad, en un futuro indeterminado, de que el pueblo catalán se pronuncie sobre la independencia, algo que en realidad ya viene rechazando en las urnas desde 1977. No es eso lo peor del caso, sino el fraude que casi todos los partidos que la han apoyado han cometido con la ciudadanía. Salvo la recientemente batasunizada Esquerra Republicana, ni Convergencia i Unió ni el CDS ni la federación nacionalista-comunista Iniciativa per Catalunya han sometido a sus electores en las últimas convocatorias a urnas nada semejante a la independencia ni tampoco a ese derecho a definirse sobre ella que es la autodeterminación.

Cabe defender ambas propuestas dentro de esta Constitución, que garantiza la libertad de expresión a todos los españoles. Pero no se trata de propuestas constitucionales y estatutarias, como falazmente defiende la polémica declaración parlamentaria, puesto que ambos textos legales se refieren nítidamente a la unidad de una España que se reconoce plurinacional. Para que sean constitucionales debería reformarse el estatuto y la Constitución.

Que defienda esa tesis Esquerra Republicana, copada por un sector atrabiliario del irredentismo fundamentalista, entra dentro de la lógica política, como entra dentro del patetismo oportunista que lo hagan el CDS o los comunistas, inmersos en el sarcasmo de propugnar la lituanización de la vida política catalana. El apoyo del representante de Convergència i Unió, coalición que gobierna en solitario en Cataluña y que en su día se opuso a esa vía en el debate constitucional, supone, por el contrario, una insuperable muestra de incoherencia. En aquel debate, los nacionalistas catalanes defendieron que la autonomía no era un paso previo hacia la independencia o la autodeterminación, sino otra vía diferente de garantizar el respeto de la identidad nacional de Cataluña.

De ahí la incoherencia de la resolución aprobada en el Parlamento catalán y del apoyo convergente a la misma. ¿Es un patinazo del grupo parlamentario autonómico de CiU o un gol al presidente de la Generalitat en un día en que estaba de viaje? ¿Es un mentís a la reciente manifestación de Jordi Pujol de que haría "todo lo posible" por la unidad de España? ¿O es más bien la respuesta a la pregunta que Miquel Roca se formulaba a sí mismo en el debate de investidura sobre si no habría sdo mejor votar en contra de la Constitución? Resulta ciertamente desconcertante que el nacionalismo conservador catalán se deje llevar por esa mentalidad según la cual la obtención de concesiones por parte del poder central -justificadas o no- depende de la capacidad de presión resultante de amenazar con dejar paso libre a los radicales.

Quienes se acojan a esta lógica del chantaje y mantengan un permanente cuestionamiento del marco constitucional debieran reflexionar sobre el calibre moral de esa actitud. El presidente de la Generalitat dispone ahora de una magnífica oportunidad para reforzar la credibilidad de sus propias manifestaciones desautorizando solemnemente la actuación de su grupo parlamentario y despejando las actuaciones sobre la doblez del lenguaje político de su partido. Pero esta oportunidad debe aprovecharla.