EL Parlamento convalidará en enero el decreto-ley de prorroga de los Presupuestos Generales del Estado

La Comisión de Subsecretarios realizó ayer "una primera lectura" del borrador de prórroga de los Presupuestos Generales del Estado para 1990, por lo que su aprobación se retrasa hasta la próxima semana. Según fuentes gubernamentales, el Gobierno debatirá el decreto durante los dos Consejos de Ministros que quedan para terminar el año, y "lo más seguro es que se envíe a las Cortes el próximo día 29".

La Junta de Portavoces del Congreso acordó ayer conovocar un Pleno extraordinario para la primera semana después de la festividad de Reyes, en el que se someterá a convalidación el decreto ley de prórroga presupuestaria.Según fuentes de la Comisión de Subsecretarios, el decreto es un "documento complejo" que requiere más de una sesión antes de su envío al Consejo de Ministros. Según las mismas fuentes, ayer el debate se centró.en el articulado del decreto y no sobre la actualización de la tarifa del IRPF o los incrementos de las retribuciones de los funcionarios y las pensiones.

En relación a este tema, el sindicato UGT reiteró su oposición a que el Gobierno adopte medidas unilaterales sin un diálogo previo con las centrales sindicales. En cuanto a la aprobación por el Consejo de Ministros el próximo viernes de una ley de pensiones no contributivas, tal como se ha anunciado, UGT insistió en que "corresponde al Gobierno dialogar con los sindicatos y no seguir una política de hechos consumados, si realmente tiene voluntad de negociación".

Durante la reunión de los subsecretarios han surgido puntos de vista diferentes a la hora de elegir la fórmula para prorrogar los créditos presupuestarios. Así, por ejemplo, el aumento de las retribuciones de los funcionarios y pensionistas se efectuará sin aumentar los créditos totales previstos para estos conceptos en 1989. Algunos expertos habían considerado que el aumento de las pensiones y los. sueldos de los flincionarios podría vulnerar la Constitución. Para evitarlo se aumentarán las retribuciones en el porcentaje acordado de forma transitoria y cuando se apruebe el Presupuesto definitivo de 1990, se harán las dotaciones oportunas para cubrir todos los gastos previstos.

Cuantía total

Este argumento deshace el equívoco existente hasta ahora de que la prórroga presupuestaria debía efectuarse en cuantías mensuales equivalentes a la doceava parte del presupuesto anterior, y que según los expertos de Hacienda carece de fundamentación jurídica después de la entrada en vigor de la Constitución.Tampoco hay acuerdo sobre el porcentaje exacto que aumentarán estas retribuciones. Por parte de algunos responsables del Ministerio de Economía y Hacienda existe el temor de que un aumento excesivamente próximo a las previsiones de inflación puede condicionar al alza la futura negociación colectiva de los funcionarios. Otro aspecto polémico ha sido el de los créditos previstos para las inversiones en obras públicas como las incluidas en el Plan General de Carreteras. Para estas inversiones ya estabas previsto que en 1990 se dispusiera de unos fondos de hasta el 110% de las cantidades presupuestadas este año, con el objetivo de que no crear cuellos de botella en la financiación de las infraestructuras. El cumplimiento de ese objetivo se hará con el mismo método que el del aumento de las retribuciones de funcionarios y pensionistas, es decir, no supondrá tampoco ningún aumento de los créditos totales.

La decreto de prórroga modifica también ley del Impuesto sobre Sociedades en lo relativo a las inversiones que posteriormente son cedidas a un tercero o no son utilizadas por el propio negocio, que según Hacienda no podían desgravar, pero que una interpretación reciente de los tribunales permitía su deducción ateniéndose a una interpretación literal de la ley. La modificación del texto del impuesto pretende eliminar toda posible ambigüedad interpretiva y descarta de forma explícita que las inversiones no utilizadas por la empresa puedan ser objeto de desgravación.

En el capítulo de tasas, el decreto ley prevé una importante elevación de las tasas que cobra la Comisión Nacional del Mercado de Valores por sus servicios. La subida se justifica porque las tasas son un impuesto que pretende cubrir el coste de un determinado servicio, y como el objetivo de la CNMV es controlar el correcto funcionamiento de un mercado de valores inmerso en un cambio profundo las tasas que se cobran actualmente no cubre más que una pequeña parte de los costes de ese servicio.