Las tres opciones del Gobierno

Mantener la política económica y social en la misma dirección, intentar romper el frente sindical por la vía de un acuerdo en solitario con UGT, o apostar seriamente por un acuerdo con los sindicatos, son, a juicio del autor del presente artículo, las tres opciones que se le presentan al Gobierno con relación a los sindicatos.

Al nuevo Gobierno se le van a abrir al menos tres grandes opciones respecto de los sindicatos.La primera sería considerar que si tras siete años en el poder, cuatro de los cuales lo ha sido con políticas de ajuste duro y los otros tres negándose al giro social, resulta que el PSOE consigue nada menos que una nueva mayoría prácticamente absoluta, ¿por qué habría de variar de política?

Visto de manera tan simple, el argumento tiene peso. Sobre todo si se ilustra con el dato de que la anterior legislatura ha estado caracterizada por la confrontación abierta entre Gobierno y sindicatos, cuyo momento más álgido se dio en la mítica huelga general del 14 de diciembre de 1988. ¿Qué acción podría superar aquélla?

Insensibilidad social

Por otra parte, si, tras la insensibilidad social del Gobierno, la oposición política, pese a su alianza y apoyo mutuo, no ha impedido que el PSOE repita esa mayoría, ¿qué expectativas razonables hay para no pensar que en 1993 se abra otra legislatura, donde el único problema del PSOE sea, quizá, escoger el aliado para continuar gobernando?Sin pretender agotar hipótesis y argumentos, la cuestión es que la opción por mantener idéntica política económica y social, es decir, la opción por continuar el enfrentamiento con los sindicatos, no puede descartarse. Desestabilizar a UGT se convertiría en el objetivo prioritario.

Pero hay diversas consideraciones que podrían desaconsejar ese camino. Citemos sólo alguna.

Apostar por otros cuatro años de confrontación social es no sólo mantener la fractura PSOE-UGT, sino hacerla aún más traumática. En las recientes elecciones ha quedado patente que un sector no pequeño de UGT ha preferido potenciar a IU con tal de contribuir a que el PSOE perdiera la mayoría. Y no olvidemos que la pretensión de Anguita es llegar a la Moncloa en 1997, lo que equivale a buscar la desintegración del PSOE, única manera de quitarle la hegemonía en la izquierda. Que muy pocos se tomen en serio las ambiciones de Anguita no minimiza que la línea seguida públicamente por IU sea ésa, al menos hasta ahora. Pues bien, si a una fuerza política que es visceral y hasta irracionalmente anti-PSOE la ha votado un apreciable sector ugetista, ¿qué pasaría ante la exacerbación del enfrentanúento entre Gobierno y sindicatos?

Imagino también que en la dirección del PSOE habrá alguien preocupado por otro fenómeno que va creciendo en sectores obreros: la conversión en ideología antisocialista de lo que podía haberse quedado sólo en voto de castigo a una política.

Quizá no sean estas cosas las que más influyan en la orientación que tome el próximo Gobierno. Más determinante puede ser el temor a que se le abra al PSOE una nueva avería interna: la de los perjudicados por los retrocesos en municipios y autonomías. Pues lo previsible es que siga gobernando el país, pero que sean otras fuerzas las que en poco tiempo lo hagan en 11 de las 17 comunidades autónomas. Lo mismo puede suceder en multitud de alcaldías, algunas fundamentales.

Por estas y otras muchas consideraciones hay que relativizar la contundencia de las declaraciones que aseguran que todo seguirá igual.

La segunda posibilidad del nuevo Gobierno es intentar romper el frente sindical por la vía de un acuerdo en solitario con UGT. No es ningún secreto que la lógica tensión que para miles de cuadros y militantes ugetistas supone conservar los dos carnés -el del sindicato y el del partido-, unida a la observación de lo que está pasando en el terreno político, más las inevitables tomas de posición que cualquier congreso origina -UGT lo tiene a comienzos de la primavera próxima-, crean una situación peculiar sobre la que el PSOE tiene sin duda medios de intervención.

Pero por mucha habilidad que emplee no resulta fácil encontrar qué tipo de concesiones podría el Gobierno hacer a UGT para que, por un lado, CC OO las rechazáramos y, por el otro, se preservara el prestigio que ante los trabajadores ha ganado la honesta y consecuente política seguida por Nicolás Redondo y su equipo. A su vez, resulta poco verosímil que la dirección actual de UGT aceptara semejante maniobra.

Pienso que ésta es la menos probable de las opciones, aunque se haya barajado.

La impopularidad

La tercera opción es apostar seriamente por un acuerdo con los sindicatos.Si partimos de que la razón última del anticipo de las elecciones era evitar en las urnas los efectos de la impopularidad de las medidas que piensan tomarse para corregir algunos de los males de la economía española, la impresión sobre una negociación y acuerdo aceptables por los sindicatos es muy pesimista. Hacer simultáneamente compatibles medidas de ajuste y de giro social es realmente dificil, en particular cuando el fondo neoliberal de la política económica piensa mantenerse.

Sin embargo, el sentido común indica la conveniencia de un acuerdo. Pero convendría que antes de generar expectativas quedaran claros algunos aspectos. Por ejemplo, si el Gobierno pretendiera que de la actual oposición a su política los sindicatos pasáramos a apoyarla tras suscribir un acuerdo, entonces más vale no intentarlo.

Porque con independencia de lo viciado que en democracia es pretender que los sindicatos apoyen globalmente una política gubernamental, sea la que fuere -sencillamente porque implicaría una satelización insostenible y, a la larga, negativa para los sindicatos-, en nuestro caso es inconcebible ese apoyo dada la dimensión de las diferencias existentes en cuanto a la concepción misma de la política económica. Pero si el Gobierno asume que lo normal en democracia es que seamos independientes y críticos, conformándose con un mejor clima que el derivado de la confrontación y aspereza de estos años, entonces el avance es posible.

Por parte sindical hemos venido repitiendo que no resulta viable un pacto social general, pero sí lo serían acuerdos puntuales sobre problemas relacionados con la política social. Y hay que ser ciego para no ver que en política social existe un considerable margen de maniobra para el Gobierno.

En definitiva, si el Gobierno renuncia a su inveterada pretensión de que un acuerdo con los sindicatos se convierta en aval a su política, y nosotros conseguimos que nuestra legítima aspiración a un cambio de política económica sea compatible con la negociación y acuerdo sobre puntos concretos, puede iniciarse un desbloqueo de la situación.

Hago estas consideraciones por la convicción de que varios de los puntos de la Propuesta Sindical Prioritaria caben en la economía española, sin por ello salirse de madre de las políticas vigentes en la CE.

Huyamos de la parafernalia que suele acompañar los contactos Gobierno-sindicatos; dejemos las reuniones solemnes y hasta omitamos palabras que, como concertación social, son barreras para un intento serio de diálogo.

Quien tiene la palabra es el Gobierno.