Viajes a Disneyland, relojes de lujo y yates a nombre de la empresa: cómo se destapa el fraude de las grandes fortunas

Un viaje a Disneyland, unas cortinas de El Corte Inglés y el sueldo de la empleada del hogar. Estos son algunos de los gastos que muchas grandes fortunas facturan a través de sus sociedades, en las que también figuran la titularidad de mansiones, yates, aeronaves y coches exclusivos. En España, los ricos utilizan una amplia gama de estrategias más y menos sofisticadas para minimizar su carga fiscal y, en algunos casos, evadir impuestos. Estas prácticas, aunque a veces bordean la legalidad, pueden implicar técnicas de planificación fiscal agresiva que permiten a los titulares de grandes riquezas ocultar activos, disimular ingresos y aprovechar vacíos legales con los que evadir. La Agencia Tributaria, consciente de estas tácticas, ha implementado una serie de mecanismos y estrategias para combatirlas. En 2023, casi 1.000 expedientes de control permitieron recuperar 502 millones de euros en favor de la Hacienda pública, a razón de medio millón por contribuyente.

Todo nace en 2018, cuando la agencia puso en marcha la Unidad Central de Coordinación del Control de Patrimonios Relevantes, un grupo dedicado a vigilar a estos altos contribuyentes con el objetivo de coordinar la labor de inspección. Desde entonces se han cerrado 5.410 expedientes que, en conjunto, han permitido liquidar 2.977 millones de euros que habían sido evadidos o defraudados.

La agencia, según explica José María Peláez, portavoz de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, monitoriza a un grupo de más de 170.000 obligados tributarios en el que se encuentran las principales sociedades del país —además de sus socios—, así como artistas, deportistas y otras personalidades. “Se trata de un censo vivo que se mueve constantemente”, apunta Peláez. “Por ejemplo, hace años no había ningún youtuber y ahora sí”. Es una suerte de colectivo de riesgo. Es decir, no todos los que están dentro defraudan, sino que tienen el potencial de poder hacerlo. Lo que está claro, añade, es que es muy difícil que alguien salga una vez que ha entrado, salvo que sea una sociedad que haya quebrado.

La unidad central de coordinación, continúa José María Mollinedo, secretario general del sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda Gestha, se llama así porque se dedica a analizar los “elementos distorsionantes” que hacen saltar las alarmas. A partir de aquí, una vez que entiende que algo no cuadra, el grupo dirige la información que ha recabado a la sede de la Agencia Tributaria correspondiente al domicilio fiscal en el que reside la gran fortuna en cuestión, donde cogen los mandos de la inspección.

Uno de los métodos más comunes en estas prácticas es la utilización de sociedades con fines particulares. Estas estructuras empresariales permiten a los ricos cargar gastos personales como el mantenimiento de villas de lujo, vehículos costosos —desde yates a aviones— o vacaciones como si fueran de la empresa. El objetivo es que las sociedades deduzcan estos gastos como si fueran parte de su actividad económica, lo que reduce artificialmente sus beneficios gravables. A esto se le añade la deducción del IVA, evitando tanto el pago de impuestos por esos bienes y servicios como la tributación personal de los mismos. El problema, ironiza Peláez, es que una sociedad no puede llevar un Rolex, montar en yate o irse a esquiar. “Es aquí donde entra en juego nuestra labor para desmontar todo”.

El inspector pone sobre la mesa una retahíla de ejemplos reales en los que un alto patrimonio ha intentado hacer pasar sus gastos privados como si fueran de la empresa. Desde cenas en restaurantes hasta relojes de lujo, pasando por las facturas del jardinero, el salario de la empleada del hogar, recibos de El Corte Inglés o viajes para toda la familia. Estos últimos casos, expone el inspector, “son, por así decirlo, de altos patrimonios cutres”. Lo que sí está generalizado, añade, es la utilización de bienes de la empresa por el socio sin que exista un contrato de arrendamiento o cesión de uso formal. En este caso, utilizan propiedades de la entidad, como mansiones, residencias secundarias o vehículos, sin pagar por ello, lo que les permite disfrutar de estos activos sin tributar por su uso personal.

En esta línea, prosigue Mollinedo, la agencia ha identificado estos años de manera automatizada a los usuarios de viviendas de alto valor situadas en España, pero cuya titularidad formal corresponde a sociedades extranjeras de las que se desconocen sus dueños reales. Se ha hecho lo mismo con otras 2.500 sociedades opacas, en este caso con sede en España, que poseen más de 2.800 villas de lujo, principalmente en la Costa del Sol y Baleares. Estas estructuras y sociedades pantalla, diseñadas para ocultar a los verdaderos titulares, suelen involucrar múltiples niveles en diferentes países y fideicomisos, lo que hace extremadamente complicado rastrear el flujo de dinero o bienes.

Tiendas de lujo

Para lograr que nada escape a sus ojos, los funcionarios de la agencia se sirven de diferentes fuentes de información. La amnistía fiscal de 2012 y el antiguo modelo 720 —que obligaba a declarar los bienes en el extranjero con un valor superior a los 50.000 euros— permitieron poner en el foco a varios altos contribuyentes durante los últimos años. Ahora, además, Hacienda se sirve del modelo 347, que debe ser presentado por cualquier entidad que venda un bien o servicio por más de 3.000 euros, dejando reflejado los datos del comprador en el caso de que este sea una persona jurídica. “También hay peticiones individualizadas a bancos o notarios en caso de que haya sospechas de algún contribuyente”, añade Peláez.

Además de esto, recuerda Mollinedo, la agencia puso en marcha hace cuatro años el catálogo de proveedores de bienes y servicios de lujo, un listado de 570 empresas del sector con el que trabaja la unidad. Hay joyerías, peleterías, galerías de arte, boutiques, marcas de vehículos de lujo, clubes sociales, restaurantes, gestoras de inversión patrimonial o empresas de viajes prémium que permiten poner el foco en contribuyentes que tienen elevados ingresos, pero que escapan al control directo al minorizar sus declaraciones de la renta gracias a la utilización de sociedades interpuestas y otros instrumentos.

La planificación fiscal internacional es otra táctica clave. Muchas grandes fortunas colocan sus activos en paraísos fiscales o jurisdicciones de baja tributación, como Luxemburgo, Suiza o las Islas Caimán, utilizando complejas estructuras para ocultar la identidad de los verdaderos propietarios de los bienes. Estas estructuras, conocidas por su opacidad, hacen muy difícil para los técnicos e inspectores rastrear el control efectivo de los patrimonios. En algunos casos, se aprovechan los acuerdos de doble imposición firmados con otros países. En otros, se rastrean las operaciones realizadas en España con tarjetas offshore para identificar a los titulares. Además, recuerda Peláez, en la agencia han desarrollado técnicas de big data para desmontar la falsa residencia de altos contribuyentes que dicen vivir en Andorra, Mónaco o San Marino, pero que pasan en España más de 183 días al año, el mínimo necesario para ser considerado residente.

Con todas estas prácticas es posible reducir las bases imponibles y cuotas del IRPF y hacer lo propio con el impuesto sobre patrimonio, ya que los bienes a nombre de la empresa están exentos. Lo mismo se puede hacer con el impuesto de sociedades a través de todos los gastos que se considerarían deducibles. Además de esto, también puede planificarse la operación de cara a minimizar el pago del impuesto de sucesiones y donaciones.