La Generalitat sabía que en Bellivitge no se hacían las pruebas del SIDA, afirman directores de bancos de sangre

Varios directores de bancos de sangre de hospitales de Cataluña aseguraron ayer en la Audiencia de Barcelona, en el juicio por las transfusiones de sangre contaminada con SIDA M hospital de Bellvitge, que altos cargos del Instituto Catalán de la Salud (ICS) tenían conocimiento de que el hospital incumplía la orden de la Generalitat de practicar las pruebas del SIDA. Su testimonio deja en entredicho a dos altos cargos del ICS en la fecha de las irregularidades, Jaume Bergadi y Enric Argelagués, que declararon ante el tribunal que nadie les comunicó las anomalías de Bellvitge. El fiscal mantuvo las peticiones para los cuatro acusados y solicitó penas de un año y varios meses de prisión para los responsables del centro.

Los responsables de los bancos de sangre de los hospitales de la Cruz Roja y Valle de Hebrón de Barcelona, del Juan XXIII de Tarragona y del Arnau de Vilanova, de Lérida, coincidieron en que las irregularidades de Bellvitge eran conocidas por Enric Argelagués, en esa fecha director del programa de transfusiones sanguíneas de la Generalitat.En este programa estaban integrados todos los directores de los bancos de sangre. Según declararon ante el tribunal los responsables de los hospitales citados, Rubió, uno de los procesados y facultativo del banco de sangre de Bellvitge, manifestó en dos reuniones de los miembros del programa, que en Bellvitge no se hacían las pruebas. Argelagués estaba presente en las reuniones que tuvieron lugar en diciembre de 1986 y en febrero de 1987, dos meses después de la orden de la Generalitat.

Soluciones rápidas

Uno de los asistentes a las reuniones, José Manuel Hernández Sánchez, afirmó- que Argelagués le contestó a Rubió diciéndole que el problema de las pruebas del SIDA en Bellvitge se solucionaría rápidamente.

En cambio, el jefe del programa de transfusiones que declaró en el juicio el miércoles afirmó que nadie le comentó nunca que en Bellvitge se utilizara sangre sin las pruebas del SIDA. Añadió que tuvo conocimiento de los hechos el 26 de febrero de 1987, un día antes de que el escándalo se conociera.

El que fue subdirector del ICS en esas fechas, Jaume Bergadà, negó ante el tribunal haber tenido noticias de las irregularidades. Por el contrario, Carme Ferran, acusada en el proceso como responsable del banco de sangre de Bellvitge, siempre ha insistido en que tuvo una entrevista con Bergadà para exponerle la irregular situación de Bellvitge.

El fiscal solicitó la imposición de una pena de un año de prisión y ocho meses de arresto para el ex director médico, Josep Maria Capdevila, Carme Ferran y Antoni Rubió, ambos del banco de sangre del hospital. Para el ex gerente, Fortunato Frías, el fiscal pidió una pena de un año de prisión y tres meses de arresto.

El fiscal tampoco modificó los delitos: despacho de medicamentos deteriorados e imprudencia temeraria con resultado de lesiones. Las peticiones del ministerio público respecto a las indemnizaciones no fueron alteradas y solicita una indemnización de 10 millones de pesetas para cada uno de los afectados y otras dos de 15 millones en garantía de que en un futuro desarrollen la enfermedad del SIDA.

Los peritos encargados de realizar un informe médico sobre el estado de los dos afectados, Manuel Rodríguez Pazos y Juan Ignacio Esteban, afirmaron que los dos pacientes permanecen en una situación estable. En cuanto al tercer afectado por una transfusión realizada con anterioridad a la vigencia de la orden, los peritos precisaron que presentaba una actividad infecciosa.