La justicia y los GAL

LA PASIVIDAD del ministerio fiscal en el caso Amedo y la resignada actitud de los jueces ante las dificultades puestas por el Gobierno para su investigación hacen dudar sobre la suerte que puedan correr el juicio relativo a este asunto y los otros procesos actualmente abiertos en relación con los crímenes de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL). Si hay sospechas en muchos ciudadanos sobre las vinculaciones entre el Gobierno y el ministerio fiscal, el caso Amedo no habrá servido precisamente para despejarlas, aunque ello se compagine mal con su específica tarea constitucional de "promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad".Si inicialmente se mantuvo una actitud procesalmente correcta con la llegada del caso Amedo a la esfera judicial, el ministerio fiscal pasó pronto al desentendimiento que ahora le caracteriza. La separación del primer fiscal encargado del caso y el posterior relevo del titular en la cúpula de la fiscalía de la Audiencia Nacional han tenido como efecto la actual inoperancia. La lentitud gubernamental en las investigaciones propias y la rapidez en dificultar las pesquisas judiciales, alegando para ello la llamada razón de Estado, pueden deteriorar un valor constitucional de primer rango: la justicia.

Pero si todo ello es grave, aún lo es más que la propia justicia se haya avenido a aceptar la razón de Estado como barrera infranqueable en el cumplimiento de las tareas que la Constitución le asigna. Es lo que ha hecho el tribunal de la Audiencia Nacional al reconocer que la seguridad del Estado es un obstáculo para la investigación del uso de fondos reservados en los crímenes de esta organización y de la eventual implicación de otros cargos policiales, superiores de Amedo, que habrían respaldado dicho uso ilegal. El inicial éxito de la justicia, atribuible fundamentalmente al tesón del juez instructor Baltasar Garzón, se ha convertido así en uno de sus más sonoros fracasos al aceptar en su ámbito la existencia de la razón de Estado.

Con estos antecedentes hay motivos para temer no sólo por el futuro de los procesos actualmente abiertos sobre los GAL (entre otros, el intento de secuestro del etarra José María Larretxea, en el que no está explicada la presunta participación del comisario Francisco Álvarez), paralizados por falta del debido impulso judicial, sino incluso por el desarrollo con las debidas garantías del juicio oral, previsto para los próximos meses, sobre el caso Amedo. Si la seguridad del Estado se ha interpuesto ya una vez ante la acción de la justicia, nada impide que lo mismo vuelva a suceder en otro momento, y por los motivos más dispares.