Vía libre a la recusación contra 10 jueces de Cataluña por trato de favor a la Generalitat

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGIPJ) ha dado vía libre a la recusación del ingeniero, barcelonés Juan José Moll contra 10 magistrados de Barcelona a los que acusa de trato de favor a la Generalitat. El pleno anula el acuerdo de la Sala de Gobierno de la Audiencia de Barcelona que rechazó tal recusación.

Moll, antiguo contratado por el Consorcio de Aguas de Tarragona, denunció en su día la proyectada utilización de las aguas de refrigeración de los circuitos, nucleares de los dos grupos ¿le la central de Ascó para uso humano e industrial. A esta actitud crítica ante el minitrasvase del Ebro atribuyó Moll los sucesivos expedientes de que fue objeto y su exclusión por la Generalitat de diversos cometidos en la función pública autonómica. Moll recurrió ante la antigua Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Barcelona contra las decisiones de la Generalitat que consideró discriminatorias.En este marco de enfrentamiento jurídico con la Generalitat, la actitud de seis magistrados de la sala tercera y cuatro de la segunda, contraria, a los recursos, condujo a Moll a recusar a los 10 magistrados por "Interés directo", "dependencia directa o indirecta de la Generalitat" y "por enemistad manifiesta". El pasado ID de marzo, la sala de gobierno de la Audiencia Territorial de Barcelona -hoy sustituída por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña- no admitió a trámite la recusación, amparándose en formalidades subsanables- Moll recurrió este acuerdo ante el CGPL

Comisión disciplinaria

En cuanto a las posibles faltas disciplinarias denunciadas por Moll contra 10 magistrados, el pleno del CGPJ en su reunión del 16 de octubre último, remite a la comisión disciplinaria el escrito de Moll. Entre otros hechos, Moll imputó al magistrado Enrique Lecumberri y los restantes componentes de las dos salas por su pasividad en relación con sus recursos. En concreto, les acusó de no haberlos admitido por falta de traducción al castellano de los documentos presentados en catalán, "fallo imputable a la sala", denunció Moll, "pero nunca al apelante que nada tiene que ver con la traducción".Por lo que se refiere a la recusación de los magistrados, el pleno del CGPJ ha anulado el acuerdo de la sala de gobierno de la extinguida Audiencia Territorial de Barcelona y ha ordenado que el expediente de recusación contra los magistrados se retrotraiga al momento en que debió requerirse que se subsanase la falta de firma de letrado y demás requisitos formales.