Directiva de la Comisión Europea sobre aguas residuales urbanas

La Comisión Europea aprobó ayer un proyecto de directiva que obligará a los Estados de la CE a mejorar la depuración de las aguas residuales para salvaguardar la calidad ecológica de ríos y mares. La propuesta, que tendrá que ser aprobada por el Consejo de Ministros de la CE, "pondrá fin a una situación intolerable, digna de la Edad Media", según declaró el comisario responsable de la política de medioambiente, Carlo Ripa di Meana.Las aguas residuales urbanas son responsables de la contaminación de los ríos y las aguas marinas, cuyos índices han desatado la alerta roja en el mar del Norte y el Mediterráneo. También el Cantábrico, sobre todo a partir del foco contaminante que constituye Bilbao, es un polo de diseminación de vertidos que se extiende a la costa del suroeste francés.

Según estimaciones de la Comisión Europea, en la Comunidad, sólo la mitad de los vertidos residuales son tratados en plantas depuradoras. La situación de insalubridad es evidente en ríos, lagos y estuarios costeros. Los residuos de nitrato, amoniaco y la sobrecarga de "materias en suspensión" provoca la disiminución de oxígeno y puede "engendrar importantes degradaciones ecológicas y afectar a múltiples especies de flora y fauna", en particular peces y mariscos. Esta contaminación repercute en la calidad del agua destinada al consumo humano.

La propuesta de directiva define las exigencias mínimas para el tratamiento de todas las aguas residuales dentro de tres categorías, según la incidencia que en el medio ambiente tengan las aguas receptoras de esas sustancias contaminantes. Además, exigirá a los Estados de la CE un tratamiento secundario (biológico) con carácter general, mientras que en las zonas sensibles, será obligatorio proceder a una depuración suplementaria de los vertidos.

La nueva norma comunitaria regulará las descargas de aguas industriales y prohibirá el vertido de fangos contaminantes en el mar. Impondrá un control ole las depuraciones y exigirá la puesta en práctica de programas racionales para adecuarse a los nuevos baremos que se establezcan. El elevado coste económico de estas medidas será el caballo de batalla de la negociación en el Consejo de Ministros de la CE. En este caso, España volverá a reclamar la urgencia del programa mediterráneo contra la contaminación y la desertización, así como la desigualdad entre el Norte y el Sur a la hora de fijar las prioridades ecológicas de la Comunidad.