La 'mafia' del narcotráfico asesina a tiros a un juez del Tribunal Superior de Medellín

Una vez más, la justicia colombiana está paralizada por un duelo. Ayer por la mañana fue acribillado en Medellín, presuntamente a manos de la mafia del narcotráfico, el magistrado del Tribunal Superior de esa ciudad Héctor Jiménez. Tenía 55 años. Fue asesinado cuando salía de su casa por dos hombres que iban en una motocicleta. Horas después, los miembros de Asonal, la asociación que reúne a más de 20.000 empleados judiciales, decretaron un paro que durará tres días.

Hace apenas dos meses se vivió una situación similar. En Bogotá fue asesinado, el 16 de agosto, el magistrado Carlos Valencia. Tras varios días de paralización de la Justicia, el Gobierno prometió a los jueces adoptar medidas para proteger sus vidas. "No han pasado de ser simples promesas", dijo a este periódico Helmut Romero, presidente de Asonal. Romero contó que aunque el Gobierno creó un fondo de seguridad, éste no se ha puesto en funcionamiento por falta de presupuesto. Tampoco han llegado a manos de jueces y magistrados ni chalecos antibalas ni los coches blindados que han enviado otros países.Según Asonal, unos 1.600 empleados judiciales corren peligro de ser asesinados por los narcos. En los últimos 10 años, 250 funcionarios judiciales han caído víctimas de sicarios. Sólo en este año las víctimas mortales pasan de 15. El magistrado asesinado ayer lo era de la sala de lo penal del Tribunal Superior de Medellín y era catedrático universitario.

Para el presidente de Asonal, este crimen puede ser la confirmación de que los narcotraficantes cumplirán su promesa: asesinar diez funcionarios de la Justicia por cada colombiano que sea extraditado a EE UU.

Por otra parte, el Instituto Internacional de Prensa (IPI) condenó ayer los asesinatos de los dos trabajadores del rotativo liberal de Bogotá El Espectador, perpetrados por la mafia del narcotráfico. En un telegrama enviado al presidente colombiano, Virgilio Barco, el IPI expresa su pesar por los asesinatos de Marta Luz López, de 35 años, y Miguel Soler Rodríguez, de 45, el pasado martes 10 en Medellín y solicita al Gobierno colombiano que "garantice la protección del personal de El Espectador".

[El periódico Vanguardia Liberal, de Bucaramanga, salió ayer a la calle después de que el lunes una bomba de los "narco" destruyera el 80% de sus instalaciones, informa Efe].