El nuevo presidente de Cáritas mantendrá la política social de la institución

El nuevo presidente de Cáritas Española, Juan Muñoz, que ayer tomó posesión en la reunión de la comisión permanente celebrada en Bilbao, anunció que esta organización mantendrá las actividades de interés social en marcha, a pesar de que el Ministerio de Asuntos Sociales ha desestimado la mayoría de los proyectos presentados en la convocatoria de subvenciones con cargo al fondo procedente del 0,5% del IRPF.

"Algunos proyectos presentados por Cáritas no podrán realizarse y serán marginadas las personas que podrían beneficiarse de ellos", dijo Juan Muñoz, abogado y director de la Escuela de Práctica Jurídica del ICADE, elegido ayer en Bilbao presidente de la entidad dependiente de las diócesis españolas."La subsistencia de Cáritas no está en juego", precisó el presidente de la institución en Vizcaya, Manuel Merino. "Si la situación no se resuelve quedaremos lejos de las metas programadas, pero seguiremos actuando con nuestros propios presupuestos".

El Ministerio de Asuntos Sociales ha concedido a Cáritas una subvención de 63 millones de pesetas para afrontar cinco programas, de los 145 presentados con un presupuesto total de 1.481 millones. Los programas desarrollados por Cáritas el pasado año requirieron un gasto de 8.353 millones de pesetas.

Esta entidad presentó el pasado mes de agosto, ante la Audiencia Nacional, un recurso de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales contra la resolución ministerial. La dirección de Cáritas entiende que la distribución realizada por el ministerio ataca los principios de libertad religiosa y de igualdad, y al deber constitucional del Estado de promover las condiciones para hacer real y efectiva la igualdad entre los ciudadanos". Cáritas interpuso, asimismo, un recurso potestativo de reposición y ha solicitado la intermediación del Defensor del Pueblo. "Hemos tratado de agotar las vías del diálogo , sin recibir ninguna respuesta", afirmaron los responsables de la institución benéfica. Los responsables de Cáritas se mostraron partidarios de negociar con el Ministerio, pero no renunciaron a agotar las vías jurisdiccionales. "Estamos abiertos a lograr una solución sin necesidad de agotar la vía jurisdiccional", añadieron, "pero dispuestos a llegar hasta el Tribunal de los Derechos Humanos de Estrasburgo".