Una familia balear demanda al Estado por 200.000 metros cuadrados expropiados en 1944

Los herederos de la familia mallorquina Feliu tratan de recuperar por la vía judicial los 200.000 metros cuadrados en los que se asienta el aeródromo de Son Bonet, que fueron expropiados en 1944 por el entonces Ministerio de la Guerra. La vista, que se inició ayer en el Juzgado de Primera Instancia de lo Contencioso-Administrativo de Palma, es seguida con expectación por el colectivo ecologista porque la sentencia -si es favorable a los familiares-, puede servir de precedente para la recuperación de la isla de Cabrera, que pertenece al Ministerio de Defensa.

El Gobierno balear sigue también el juicio con atención, ya que tiene en cartera varios proyectos urbanisticos en Son Bonet. Los abogados defensores de los familiares del expropietario de Son Bonet -un aeroclub con cuatro hangares y una torre de control en el que funciona una escuela de aviación, ultralígeros y paracaidismo- argumentaron en su alegato que las instalaciones han perdido el uso militar por el fueron expropiadas hace más de 40 años. La acusación asegura, además, que la Administración mantiene Son Bonet "en estado de dejación y abandono".El fiscal expuso, por su parte, que Son Bonet, a partir de su conversión en 1944 en el primer aeropuesto nacional e internacional de Mallorca, fue el precursor de Son Sant Joan y mantiene vigente su importancia en el sector aeronáutico. Criticó también a los herederos de la familia Feliu, de la que aseguró: "No están todos los que son ni son todos los que están", y reiteró la autonomía del Estado para administrar Son Bonet "corno lo estime convernente".

El aeropuerto de Son Bonet, situado a cinco kilómetros de Palma, entre las poblaciones de Pont d'Inca y Pla de Natesa, está administrado actualmente por la Administración civil, y la decisión de los magistrados podría modificar una serie de inversiones previstas en ese complejo.

Los herederos de la familia Feliu -30 personas- vienen actuando judicialmente para recuperar los terrenos desde 1986. Si la sentencia dictada por los magistrados es adversa tienen intención de recurrir al Tribunal Supremo.