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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Riesgo calculado

LA CONSTITUCIÓN autoriza al presidente del Gobierno a proponer al Rey la disolución de las Cámaras en cualquier momento una vez transcurrido un año desde la anterior disolución. Así lo hicieron Adolfo Suárez en 1978, Leopoldo Calvo Sotelo en 1982 y Felipe González en 1986. La decisión no tiene por qué ser motivada expresamente y es de la exclusiva responsabilidad del presidente del Gobierno. Felipe González ha vuelto a hacer uso de esa prerrogativa, pero ha evitade coger a la oposición por sorpresa -como pudo haberlo hecho-, deslizando signos precursores a lo largo de mes y medio. Ello ha permitido a los principales partidos de la oposición, tanto de derecha como de izquierda, preparar sus estrategias y sus respectivos carteles.Felipe González compareció ayer ante la opinión para transmitir las razones que le han aconsejado este adelantamiento de las elecciones. Sustancialmente, la conveniencia de ganar tierripo para la puesta a punto de la economía española en la perspectiva del mercado único de 1993. Poner a punto la economía significa mejorar su competitividad, lo que exige controlar la inflación, frenar el consumo y reducir el déficit. Ello significa adoptar una serie de medidas de política económica que los economistas suelen llamar "de ajuste": presupuestos menos expansivos, aumento de los impuestos, limitaciones de los créditos y las ventas a plazos, etcétera. El presidente se movió con soltura en ese terreno, pero no aclaró por qué hace dos meses, con una situación económica amenazada por los mismos riesgos ahora evocados, no era necesario adelantar el calendario político y ahora sí lo es.

Si, como aseguró Felipe González, todavía es pronto para comprobar los efectos de las medidas aprobadas antes del verano para enfriar la economía, por lo que no están previstas nuevas políticas de ajuste -como las pedidas por el Banco de España-, no se entiende bien la razón del cambio de actitud. Por el contrario, si esas medidas son imprescindibles para evitar que los desequilibrios observados comprometen el crecimiento a largo plazo -lo que haría convemente renovar la legitimación popular del Gobierno que las adopte- se está colocando la política de ajuste en el centro del debate electoral. Pero ello no parece que favorezca las expectativas de renovación de la mayoría absoluta, que sin embargo es también un objetivo deseable -opina González- para hacer frente a ese desafío del mercado único europeo.

Así, los argumentos económicos no bastan para explicar el adelanto de las elecciones. Pero es que esos argumentos han de ponerse en relación con la situación de la oposición, puesta de manifiesto por las europeas y seguramente confirmada por las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). El 15 de junio se demostró que la fuerza del PSOE es la debilidad de la oposición, tanto la de centro-derecha como, pese a todo, la de izquierda, incapaz de traducir políticamente la impugnación sindical de la línea socioeconómica del Gobierno. Entonces, Felipe González ha debido pensar que más vale correr el riesgo de un debate centrado en el ajuste económico -pese a la eventual impopularidad de las medidas previstas- que el de una contestación de esas medidas en el terreno social. Y que difícilmente hallará una situación para desarrollar ese debate tan favorable como ahora que la oposición aparece totalmente desorientada y sin capacidad de reacción.

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Se trata, por tanto, de un riesgo calculado. Sin embargo, tal vez Felipe González no ha reparado suficientemente en el hecho de que su mensaje, en otro tiempo tan sugerente para sectores muy diversos de la población, ha quedado reducido a la proclamación de las virtudes de su política económica. Ello puede permitirle mantener el apoyo de tal vez el 40% de la población, eventualmente suficiente para garantizar otros cuatro años de Gobierno monocolor; pero no basta para captar la adhesión de sectores -juveniles entre otros- que esperaban un mayor acento en terrenos como los servicios colectivos, el acceso a la vivienda, la disminución de las desigualdades sociales, la participación popular o la transparencia en la gestión.

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