Comisiones Obreras, ante el injusto sistema fiscal actual

En las últimas semanas se viene produciendo una fuerte polémica en torno a la fiscalidad en general, y más concretamente por el proyecto de ley que ha promulgado el Gobierno para reformar el IRPF a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de febrero de 1989. CC OO ya tomó posición en torno a la polémica sentencia y posteriormente ante la controvertida reforma del IRPF. Pensamos que es necesario matener una actitud crítica de denuncia, ya que para nosotros la fiscalidad es un elemento esencial en los ingresos del Estado que posteriormente deben revertir en mejores servicios sociales, sanitarios, infraestructuras, protección social, etcétera.

En España -lo venimos denunciando desde hace varios años, a pesar de algunas declaraciones oportunistas de los responsables de Hacienda- tenemos un sistema fiscal caracterizado por la falta de equidad en el reparto de las cargas fiscales, debido en gran medida a la existencia de un importante fraude fiscal.

Esa falta de justicia en la obtención de los ingresos fiscales viene dada desde el momento en que los trabajadores somos los que más aportamos al total de la base imponible del IRPF. Las rentas del trabajo aportan el 75% de la base imponible total, mientras que las empresariales tan sólo suponen el 8,7%, las de los profesionales y artistas suponen un 3,7%, y las del capital no alcanzan el 3%.

El enorme fraude fiscal existente es un factor que contribuye a hacer aún más grave la injusticia del sistema. En este caso, el señor Borrell tendrá todo el apoyo del movimiento sindical en combatirlo, pero no sólo circunscribiendo la lucha contra el fraude a perseguir los seguros de prima única, sino extendiéndola a todos los impuestos, como es el caso del impuesto de sociedades: sólo la mitad de las 450.000 empresas con obligación de declarar este impuesto hacen la declaración, y sólo a la mitad de éstas la declaración les resulta positiva; o del patrimonio, donde el tipo de tributación fue del 0,39% en el año 1987.

Ocultación de ingresos

Ejemplo de fraude fiscal, que se materializa en la ocultación de ingresos, es que en 1987 los rendimientos medios declarados por las rentas del trabajo se cifraban en 1.538.000 pesetas, mientras los rendimientos medios empresariales no llegaban al 60%. Por eso hoy hablar de combatir el fraude, circunscribiéndolo a una actitud decidida para aflorar los seguros de primas únicas y no contemplar lo anteriormente expuesto, sin variar de actitud en cuanto a la permisividad existente en dos activos financieros (pagarés, letras del Tesoro), generados en gran parte gracias al movimiento especulativo de capitales, blanqueo de dinero ¡legal, nos suena más a una actitud ante la galería que a una voluntad decidida de combatir firmemente el fraude fiscal.

Nosotros entendemos que la necesidad de modificar la normativa del IRPF, impuesta por el Tribunal Constitucional, así como la necesaria armonización de otros impuestos -IVA y retenciones sobre capital- en el seno de la CE, no pueden solucionarse con parches, sino que, muy al contrario, deben posibilitar la discusión de una reforma global que consiga un reparto más justo de las cargas fiscales y garantice que el Estado recauda lo suficiente para afrontar las necesidades sociales.

El Gobierno, con el talante arrogante que le viene caracterizando, no aceptó la propuesta de negociar seriamente y en profundidad la reforma del IRPF, sino, muy al contrario, promulgó un proyecto de ley que no sólo es un parche, sino que profundiza la injusta situación fiscal de las rentas que tienen su origen en las rentas del trabajo.

Amnistía fiscal

La citada reforma beneficia en mayor medida a las rentas del capital y posibilita una amnistía fiscal parcial para los defraudadores de ejercicios anteriores. Dándose la paradoja que los que cumplieron con sus obligaciones fiscales no podrán volver a declarar para beneficiarse de la nueva normativa, que, sin embargo, será la que se aplique, en caso de revisión, a las declaraciones de los defraudadores. Por otra parte, las rentas del trabajo que no se benefician de la citada reforma tampoco ven introducir ningún mecanismo que evite que el impuesto se coma los incrementos salariales conseguidos para compensar el creciminto de la inflación (progresividad en frío), sino que deja abierta la puerta que permitirá al Gobierno utilizar la declaración de la renta para introducir recortes en sus contribuciones cuando los salarios superen las previsiones gubernamentales.

Como colofón a lo anteriormente expuesto, la citada reforma hará caer la capacidad recaudatoria del conjunto de las administraciones públicas en unos 200.000 millones por ejercicio fiscal. No será de extrañar, conociendo el carácter antisocial de la política económica del Gobierno, que esta reducción en la recaudación sirviera para recortar el gasto público.

Los sindicatos hemos propuesto en reiteradas ocasiones, y seguimos reclamando en la actualidad, la necesidad de abordar con la presencia de los agentes sociales: la negociación de la necesaria reforma del sistema en su globalidad. Una reforma que debe abrir paso a un sistema fiscal más justo y progresista, que posibilite que pague más quien más tiene y que garantice el principio de suficiencia del Estado, de manera que con su recaudación pueda atender todas las necesidades sociales existentes: una reforma que elimine la profunda injusticia fiscal actual que discrimina profundamente a las rentas del trabajo en general y a las más bajas en particular.