La fusión hace la fuerza

LOS ÓRGANOS de gobierno de la Caja de Pensiones (La Caixa) y la Caixa de Barcelona, primera y tercera entidades de ahorro de España, decidieron formalmente ayer aprobar el proceso de fusión iniciado hace unos meses y ultimado en sus líneas esenciales desde mediados del pasado mes de junio. La caja resultante constituirá la primera entidad financiera española por su tamaño, con unos depósitos de 3,7 billones de pesetas.Conviene no caer en falaces idolatrías del tamaño como reflejo de simple potencia o de elemental y desnudo poder; pero con mayor fuerza aún hay que recordar que uno de los principales retos pendientes de la economía española (y particularmente de la catalana) es la lucha contra el raquitismo empresarial, sobre todo frente al mercado único europeo de 1993.

Esta megafusión de dos grandes cajas consagra además un protagonismo hasta ahora insuficientemente destacado. El olvido público venía siendo particularmente injusto para el subsector ahorro: no debe olvidarse que constituye la única parte del sistema financiero que no ha causado problemas serios a la economía española, a diferencia de la banca, cuya última crisis costó al país casi dos billones de pesetas. La capacidad de emprender un tal proyecto revela, por otra parte, una madurez importante de un tipo de institución económica que no tiene dueños conocidos y con problemas bastante numerosos de encaje legal de toda su ordenación.

En el caso de La Caixa-Caixa de Barcelona, la fortaleza de su proyecto de fusión se apoya naturalmente en el tamaño; en el refuerzo de la capacidad de expansión a través del aumento de los recursos propios que reportarían las exenciones fiscales previsibles; y en la clarificación del mercado (existen actualmente 11 cajas sólo en Cataluña). Pero se apoya además, paradójicamente, en sendas debilidades: la necesidad de La Caixa de restructurar rápidamente su pasivo tras el desgraciado episodio de los seguros de prima única, y la urgencia de la otra entidad de dotar de una nueva fortaleza a su tambaleante liderazgo.

A diferencia de otras fusiones, en ésta ha resultado muy chocante el lenguaje especialmente prudente de sus protagonistas, que a cada paso parecían estar pidiendo perdón a la autoridad competente -en este caso, entre otras, el Gobierno de la Generalitat de Cataluña-, por no haberle informado de sus intenciones incluso antes de empezar a albergarlas. Esta autopenitencia ha servido para satisfacer una de las principales obsesiones del presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, en este asunto: afianzar las competencias utonómicas sobre el sector ahorro y específicamente sobre las autorizaciones para realizar fusiones.

Pero afianzada esa competencia -lo que es correcto- hay que recordar que en realidad no es única: los papeles de las distintas Administraciones (Generalitat, Banco de España, Hacienda) se superponen. Y resulta imprescindible un consenso básico de todas ellas para resolver adecuadamente casos como éste. Difícilmente habrá fusión si no hay exenciones fiscales a las plusvalías afloradas, decisión que compete al Gobierno central. Y si éste de ninguna manera podía ignorar el papel autonómico en el asunto, también es preciso señalar que el Gobierno de Pujol dificilmente puede prohibirla, como ha insinuado con sus reticencias iniciales, porque no tiene instrumentos para resolver por sí solo, sin contar con las autoridades monetaria y fiscal, los problemas que suscitarían un cerrojazo a la fusión en la menos sólida de las dos entidades.

Estas precisiones político- adiministrativas no constituyen, sin embargo, el núcleo esencial de lo que está ocurriendo. Ocurre, simplemente, que la tan cacareada sociedad civil -en este caso en su segmento económico- se responsabiliza de sí misma, soslaya los intervencionismos más o menos disfrazados de discurso civilista crecientes en la vida pública catalana y se prepara para el nuevo orden económico europeo.