El túnel del tiempo

A LOS 14 años de acabado el franquismo, a los 12 de promulgada la ley de amnistía que debió poner fin a las secuelas político-legales de aquel régimen y a los 10 de haber sido aprobada la Constitución, los gobernantes democráticos no sólo siguen siendo incapaces de hacer desaparecer, como es legalmente obligado, los expedientes policiales de los españoles fichados por actividades políticas durante aquella época, sino que toleran que se alimenten con ellos los nuevos circuitos informáticos puestos al servicio de la policía. Los responsables de Interior, los de ahora y los anteriores, han reiterado su voluntad de proceder a la cancelación de tales expedientes políticos, pero el caso es que entre 100.000 y 200.000 españoles siguen siendo policialmente sospechosos, en plena democracia, por haber colaborado a su advenimiento asumiendo riesgos durante la dictadura.Con ser esto grave, más lo es que la práctica policial de un sistema que se llama democrático siga 1 1 icando a determinados ciudadanos bajo las rúbricas inconstitucionales de sospechosos, gitanos, homosexuales, invertidos, separatistas y comunistas. Ciudadanos que, al igual que el resto de los españoles, se encuentran en una clara situación de indefensión ante el reiterado incumplimiento por parte del Gobierno del mandato constitucional de elaborar una ley que limite "el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos".

Que a estas alturas no hayan sido resueltas todavía estas situaciones no parece que sea un problema de tiempo, sino de falta de interés de los gobernantes y de resistencia del estamento policial a desprenderse de un fondo informativo que afecta a un importante núcleo de ciudadanos. En lo que se refiere a los antiguos expedientes políticos, los actuales responsables de Interior alegan que su revisión es "lenta y pesada". Probablemente sea cierto, pero algo se pudo hacer en su día cuando las antiguas fichas manuales o mecanografiadas fueron trasvasadas -ya en plena democracia- a las tripas del ordenador central de la policía. Cuando no se hizo entonces, y sigue sin hacerse, lo que falta es voluntad política, no tiempo ni medios, para que no vuelva a ocurrir lo que le sucedió en 1984 al antiguo diputado comunista Enrique Curiel, que fue detenido después de que el Berta enviase a la terminal del agente de control su ficha policial confeccionada durante el franquismo y la transición, y lo que le ha ocurrido en los últimos tiempos en tres ocasiones al diputado por Euskadiko Ezkerra Jon Larrinaga cuando se ha aventurado por algún paso fronterizo.

En clara actitud defensiva -que no es otra cosa que una paladina autoinculpación-, los responsables políticos de Interior tratan de tranquilizar a los afectados asegurando que este tipo de información se encuentra situada en unos niveles del Berta a los que tiene acceso sólo un reducido número de personas. Como si no produjese mucha más inquietud que a esos datos no pueda tener acceso el interesado y sí unos cuantos funcionarios sobre cuya actividad no se ejerce ningún control. Lo que procede -y no existe excusa alguna para demorar por más tiempo- es cumplimentar lo que debió hacerse en los meses siguientes a la ley de amnistía de octubre de 1977: retirar de los circuitos policiales estos expedientes y ponerlos a buen recaudo en el Archivo Histórico Nacional al exclusivo fin de que sirvan de material de estudio a los -historiadores. Algo que ya se hizo en 1986 con algunos centenares de expedientes, entre los que se encontraban los de Felipe González, Alfonso Guerra y otros miembros del Gobierno. No se alcanza el motivo por el que no se ha actuado de la misma forma con los que afectan a varias decenas de miles de españoles.