Más cargos contra Amedo

CON EL nuevo procesamiento de los policías José Amedo y Michel Domínguez -inculpados en este caso como autores por el asesinato, el 24 de julio de 1987, de Juan Carlos García Goena, español residente en Francia absolutamente ajeno a las actividades de ETA-, la justicia arroja un poco más de luz sobre las oscuras tramas de los GAL y confirma el papel protagonista que estos dos cualificados funcionarios de los servicios policiales españoles han jugado en los crímenes atribuidos a esta organización terrorista.El complaciente plegamiento de la Audiencia Nacional ante los obstáculos puestos por el Gobierno a la investigación de los fondos reservados presumiblemente destinados a los GAL ha podido evitar, por el momento, que la investigación judicial se despliegue sobre escalones superiores a los ocupados por los dos funcionarios procesados. Pero si la investigación vertical se ha revelado imposible en aras de un vergonzante entendin-úento de lo que es la razón de Estado, la horizontal -aquella que se sitúa en el nivel funcionarial de Amedo y Domínguez- es prácticamente imposible que se paralice en tanto no se agoten todas las posibilidades indiciarias que obran en poder de la justicia. Y no hay que olvidar que en su corta pero densa historia criminal los GAL han cometido al menos 23 asesinatos en el sur de Francia.

El nuevo procesamiento de Amedo y Domínguez, dictado por la Audiencia Nacional a propuesta del juez Garzón, pone en evidencia también el triste papel jugado por el ministerio fiscal en el proceso sobre los GAL. A la actuación tibia y zigzagueante que mantuvo en los prolegómenos de este proceso ha sucedido su más absoluta pasividad ante las investigaciones judiciales en curso. Ninguna diligencia, ninguna solicitud de prueba, ninguna petición, todo da a entender que el ministerio fiscal ha decidido lavarse las manos -renunciando al papel que le corresponde en el proceso- en un asunto que, de acuerdo con las actuaciones judiciales en curso, huele a terrorismo propiciado desde instancias del Estado.

La nueva decisión judicial va a tener efectos importantes sobre las situaciones personales de Amedo y Domínguez. De entrada, la posibilidad legal de su libertad provisional se aleja durante un largo tiempo. En estas fechas hace un año, el juez Garzón decretó la prisión preventiva incondicional de los dos policías, acusados entonces de cinco asesinatos frustrados, entre otros delitos. El procesamiento dictado ahora pone en marcha de nuevo los plazos entre uno y cuatro años previstos por la ley para los supuestos de prisión preventiva. La grave entidad delictiva de los hechos imputados a Amedo y Domínguez y las altas penas de prisión que les corresponden exigen su permanencia en prisión a la espera de juicio. Lo que no obsta al deber que tiene la justicia de poner fin cuanto antes a esta situación con la rápida celebración del correspondiente juicio oral y público.