27 norteamericanos menores de edad, pendientes de ejecución

La decisión del Tribunal Supremo de no considerar anticonstitucional la ejecución de jóvenes criminales de 16 y 17 años, así como la de personas con retraso mental, ha provocado una fuerte polémica en Estados Unidos, donde las penas de muerte habían dejado de ser noticia. En estos momentos, 27 menores de edad, acusados de haber cometido crímenes, se hallan en el corredor de la muerte, esperando ser ejecutados. Dos de ellos, Heath A. Wilkins, de Misuri, y Kevin Stanford, de Kentucky, podrían morir en las próximas horas o días.

El máximo órgano judicial estadounidense votó esa resolución por cinco votos a cuatro y ayer trascendió que la única mujer del tribunal, Sandra Day O'Connor, votó a favor de que se mantuviera la pena de muerte a los jóvenes criminales.La histórica decisión del Supremo, hecha pública el pasado lunes, forma parte de una serie de sentencias que están provocando una seria convulsión en la opinión pública norteamericana. Una de las más destacadas fue, sin duda, la decisión del tribunal de no considerar como un delito la quema de la bandera norteamericana, al considerar que esa acción está protegida por la primera enmienda de la Constitución, que garantiza a los estadounidenses la libertad de expresión. El presidente Bush intenta ahora revocar esa decisión.

El Supremo decidió dar luz verde a las ejecuciones de los adolescentes acusados de cometer crímenes al considerar que ese supuesto no violaba la octava enmienda de la Constitución, que protege a los norteamericanos de "castigos crueles e inusuales".

Pena capital en 27 Estados

Según las asociaciones que se oponen a la pena de muerte, en estos momentos 2.200 reclusos están esperando su ejecución. Entre el 12% y el 20% de esos convictos padece deficiencias mentales, y 27 de ellos cometieron sus crímenes cuando sólo tenían 16 o 17 años de edad.

Además de la magistrada O'Connor, los otros cuatro miembros del tribunal que votoran a favor de la resolución que permitirá ejecutar a los jóvenes criminales fueron William Rehnquist, Byron White, Anthony Kennedy y Antonin Scalia. Este último justice declaró que la decisión del Supremo "no debe ser juzgada desde los subjetivos puntos de vista de cada individuo, sino desde los puntos de vista globales de la nueva sociedad americana". Scalia añadió que "los puntos de vista de nuestra sociedad se reflejan mejor a través de las leyes que adoptan los representantes elegidos por esa sociedad".

En estos momentos, 37 Estados de la Unión contemplan en sus leyes la imposición de la pena capital. Doce de esos Estados no ejecutan a los criminales con edades inferiores a los 18 años, y Georgia y Maryland, no condenan a la pena capital a los criminales con desórdenes mentales.

Uno de los cuatro justices que votó en contra de esa decisión, William J. Brennan, declaró ayer que "el voto de la mayoría ha distorsionado la evidencia". Brennan se basaba precisamente en el hecho de que 12 Estados donde se aplica la pena de muerte están en contra de ejecutar a los jóvenes, aunque su principal argumento fue la existencia de otros 14 Estados donde las condenas no se aplican en ningún caso.

Las organizaciones contra la pena de muerte no han hecho esperar su reacción. Richard H. Burr, un abogado de la Fundación de la Defensa de las Leyes, calificó la doble decisión del tribunal como "una tragedia", y que el presidente de la Asociación Americana de Retraso Mental (AAMR), James W. Ellis, se declaró "profundamente contrariado con la decisión del Supremo" y calificó la sentencia que afectaba a los incapacitados mentales a ser sentenciados a muerte como una "trágica injusticia".

Desde 1976 se ha ejecutado en Estados Unidos a 111 criminales. Tejas es el Estado que más ejecuciones ha llevado a cabo al totalizar 31 casos. Florida le sigue con 21; Louisiana, 18; Georgia, 14; Virginia, 7; Alabama, 4; Carolina del Norte, 3; Utah, 3; Misisipí, 3; Nevada, 2; Carolina del Sur, 2; Indiana, 2, y Misuri, 1. Estadísticamente, 1982 fue el año en el que se registraron más ejecuciones -25-. El 56%. de los ejecutados desde 1976 eran negros, el 39%. eran blancos, y el 5% restante, hispanos. De los 2.200 condenados a muerte en estos momentos, el 52%, son blancos; el 40%, negros; el 6%, hispanos, y el resto, el 2%, asiáticos.

La decisión adoptada el pasado lunes ha provocado ya reacciones. Una de ellas es la del presidente de la Asociación de Abogados Neoyorquinos contra la Pena de Muerte, quien ha declarado que "las personas que aplican la pena de muerte no hacen más que efectuar un disparo en la oscuridad". Leigh Dingerson, director de la Coalición Nacional de Abolición de la Pena Capital, ha comentado que "nosotros [los norteamericanos] tenemos la pena de muerte como un arma política. Cada año tenemos 12 o 20 ejecuciones simbólicas, pero seguimos sin utilizar la pena como un instrumento de justicia".

La noticia de que los más jóvenes pueden ser sentenciados a muerte ha provocado también reacciones en las calles de Los Ángeles, donde centenares de bandas juveniles viven en pie de guerra y donde los asesinatos se repiten día a día. Un policía de esta ciudad californiana ha dicho que "no creo que esta decisión del tribunal afecte para nada a los índices de violencia juvenil", mientras un miembro de uno de esos gangs, caracterizados por el color de sus chaquetas, calificó la medida del Supremo como "una canallada".

Protesta de Amnistía

La sección española de Amnistía Internacional (Al) emitió ayer un comunicado en el que muestra su profunda decepción por la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos, a la que considera arbitraria, ya que el mismo tribunal revocó hace un año por cinco votos contra tres la pena de muerte a un joven de 15 años. Amnistía Internacional señala que la cumbre de la CE reunida en Madrid debería condenar esta decisión, igual que ha condenado las ejecuciones en China.