Los tribunales británicos se inhiben en el contencioso de los armadores españoles

El Tribunal de la Cámara de los Lores del Reino Unido ha decidido no manifestarse en relación con el contencioso planteado por los armadores españoles de empresas conjuntas de pesca hasta no conocer la posición del Tribunal Europeo de Justicia. Los jueces británicos, en lugar de emitir un fallo en las fechas previstas, decidieron hacer dos preguntas previas a la corte comunitaria sobre el problema en cuestión.

Aunque se ha solicitado la máxima urgencia, en medios pesqueros se entiende que esta medida podría prolongar de manera excesiva el proceso y que los armadores españoles se verían obligados a tener que vender sus barcos ante el amarre prolongado de la flota.El contencioso planteado por los armadores españoles de empresas conjuntas está determinado por la entrada en vigor en el Reino Unido el pasado abril de una nueva ley sobre el registro de embarcaciones pesqueras. La condición exigida es que el 75% al menos del capital esté en manos de ciudadanos de aquel país. Tras una primera sentencia favorable de la corte de primera instancia, el tribunal de apelación falló en contra de los intereses españoles. Los armadores recurrieron a la corte suprema donde los jueces han decidido solicitar al Tribunal Europeo la posición mantenida al respecto.

En medios de los armadores españoles, esta decisión de la Cámara de los Lores significa un respaldo tácito a sus posiciones, aunque la no existencia de un fallo definitivo supone la paralización casi indefinida de una flota donde faenaban cerca de 2.000 personas. Esta situación se considera insostenible para un sector en el que ya se han iniciado expedientes de regulación de empleo.

Carácter de urgencia

Para los armadores españoles es indispensable una resolución del contencioso, pero con carácter de urgencia. En este sentido, se confía en los trámites llevados a cabo hasta el momento por el Colegio de Comisarios. Tras el procedimiento de infración abierto el pasado mes de febrero, el proceso ya está en fase avanzada hasta el punto de que en las próximas semanas se podría decidir llevar al Reino Unido ante el Tribunal Europeo.

De acuerdo con las competencias que tiene el alto organismo, se espera que decida provisionalmente la suspensión de la ley inglesa mientras se emite el fallo definitivo. Esta salida supondría la posibilidad de que los barcos de empresas conjuntas volvieran a faenar en los caladeros ingleses en las mismas condiciones que lo hacían con anterioridad. Los armadores confían en una respuesta favorable a sus intereses desde la corte comunitaria para finales de julio o, en última instancia, al inicio del próximo otoño.

Hasta el momento, de los 95 barcos que existían en las empresas conjuntas, se han vendido unas diez unidades a ciudadanos ingleses, tal como exigía la ley. Las autoridades británicas, en lugar de proceder a su registro para ejercer la actividad pesquera, se han volcado en la investigación sobre la cualificación de los ciudadanos compradores para evitar ventas ficticias.

Tal como anunciaron en su día, los armadores de empresas conjuntas -cuya flota está valorada en unos 9.500 millones de pesetas-, han decidido en su mayoría aguantar la ofensiva inglesa así como solicitar apoyos a entidades financieras.