Garcia Vargas logra el consenso para aprobar la legislación

El ministro de Sanídad, Julián García Vargas, responsable de la política de protección a los consumidores, ha puesto especial empeño en la aprobación de la directiva sobre los créditos al consumo en el Consejo de Ministros de la CE que presidirá el próximo 1 de junio. Su voluntad de consenso no ha podido impedir que la RFA y Francia continúen con sus sistemas actuales por libre al menos hasta que en 1995 vuelva a ser examinado el tema.La RFA ha hecho valer la conveniencia legal de continuar con su método de 360 días, en lugar del actuarial de 365. Esta práctica ha dado lugar, por ejemplo en España, a que muchas entidades de crédito calcularan el interés por 360 días y aplicaran el cobro por 365.

Diferencia sutil

Esa sutil diferencia de cinco días a su favor le proporcionaba un recargo del 1,39%, o del 1,67% en caso de año bisiesto. También se ha aplicado un interés anual, lo mismo al plazo devuelto en diciembre que al pagado 11 meses antes, en enero.

Francia ha impuesto la continuidad de su método proporcional para no tener problemas de recurso ante los tribunales a causa de la ley contra la usura. Esta ley aprobada en 1966 establece que el coste total no puede duplicar el tipo de interés oficial fijado por el Estado. En la práctica no es así porque un decreto núnisterial permite cobrar un porcentaje obligatorio que no se computa como parte de la tasa global efectiva.

Si se adoptara la fórmula única comunitaria, el tipo de interés real, el que está vigente en el mercado, resultaría ser superior al tope fijado legalmente, sorteado ahora por una triqui¡Suela reglamentista. Sería un hueso político muy duro para el Gobierno socialista en el poder tener que afrontar una reforma de la ley que significaría dar un mayor margen para no incurrir en usura.

La normativa propuesta está en línea con las recomendaciones hechas por el Banco de España en materia de normalización financiera a los bancos y cajas de ahorros. El Banco de España atiende las reclamaciones por infracción a sus normas en una oficina específica. Las circulares respectivas han supuesto para las entidades de crédito un esfuerzo de ajuste para viejas normas contables que no solían tener en cuenta los intereses de los ,clientes, y que sigue ocasionando polémica.