La CE impone un recorte de 23.000 millones de pesetas en las ayudas públicas a ENASA

La Comisión Europea decidió ayer prohibir por ilegal la concesión a ENASA de 23.000 millones de pesetas en ayudas públicas, contemplada en el plan de reestructuración de la empresa, perteneciente al grupo del INI y fabricante de los camiones Pegaso. El órgano ejecutivo de la CE dio vía libre al resto de las subvenciones, pero con la condición de que no se produjeran nuevas aportaciones de dinero público a la empresa y de que ENASA redujera su capacidad de producción en un 30%. "Ese límite es el máximo asumible", según declararon fuentes del Ministerio de Industria.

La decisión de la Comisión Europea cerró el largo procedimiento de infracción abierto contra la empresa pública española ENASA (Empresa Nacional de Autocamiones, SA), cuyo plan de viabilidad 1987-91 estaba paralizado por este contencioso. Aunque la decisión final fue negativa para los intereses españoles, las negociaciones políticas llevadas a cabo por el ministro de Industria, Claudio Aranzadi, lograron mantener la mayor parte de las subvenciones previstas en el plan de reestructuración.Sin embargo, las inversiones de 128.400 millones de pesetas inicialmente presupuestadas para el periodo 1987-91 deberán reducirse en 23.000 millones de pesetas. Además, la empresa ENASA tiene que comprometerse a reducir su capacidad de producción actual en un 30%. Este porcentaje de ajuste, impuesto según la fórmula aplicada ya en los precedentes de Renault Vehículos Industriales y de la compañía británica Rover, añade una dificultad suplementaria al futuro de la empresa fabricante de los camiones Pegaso. "Nuestra dimensión", explicó ayer un representante del Ministerio de Industria, "es muy inferior [a la de Renault y Rover], por lo que la aplicación mecánica de ese porcentaje puede afectar a nuestra viabilidad". Añadió que "este es el límite máximo admisible".

El conflicto de ENASA se inició en mayo de 1987 a causa de dos ayudas otorgadas por el INI de 5.000 y 7.500 millones de pesetas, respectivamente. Estas aportaciones de capital público fueron finalmente toleradas porque habían sido aprobadas por el Gobierno antes de que se produjera el ingreso de España en la CE.

Plan quinquenal

El problema se agravó en febrero de 1988, después de que el INI hubiera hecho público el programa de subvenciones al plan quinquenal de reestructuración de ENASA. Las argumentaciones del Gobierno español no fueron aceptadas por considerarse que no entraban dentro de las excepciones previstas en el artículo 92 del Tratado de la CE, que vela por el cumplimiento del principio de libre competencia. Incluso la CE llegó a poner en precario esas ayudas, advirtiendo a los acreedores de la posible pérdida de los derechos contraídos con ENASA. Las objeciones de la Comisión Europea se centraron en los 96.000 millones de ayudas públicas incluidos dentro del plan de ENASA. Las presiones del Gobierno español hicieron prosperar la validez de 5.000 millones otorgados en base a los programas sectoriales de apoyo al sector armamentista. También se aceptó la validez de otros 21.000 millones que el INI concedía a cuenta de los beneficios fiscales. Como el holding público mantiene cuentas consolidadas, registra unos beneficios fiscales a causa de las pérdidas de ENASA, que luego revierte a la empresa. Esta cantidad fue admitida.De los 70.000 millones que quedaron en litigio, la Comisión de la CE aceptó una aportación del INI por un total de 47.000 millones de pesetas, justificada por la reestructuración industrial y financiera y la reducción de personal que se va a llevar a cabo. Los 23.000 millones restantes fueron rechazados, dado que se trataba de ayudas de funcionamiento para la supervivencia de la empresa, lo cual entraba en colisión con el principio de libre competencia. Las subvenciones a ENASA fueron denunciadas en su momento por una compañía europea de la competencia, cuyo nombre la Comisión Europea mantiene en secreto.