Precios a tiempo

LA APROBACIÓN de los precios agrarios, el pasado día 22 en Luxemburgo, introduce una novedad desconocida hace tiempo en la Comunidad Europea. Hacía tres años que la CE no lograba fijar este objetivo a tiempo (es decir, en abril, época a partir de la cual las primeras cosechas tempranas marcan el inicio de la nueva campaña agraria). Y desde varios años antes del ingreso de España en la Comunidad este trascendental acuerdo para la economía y la agricultura europeas no se conseguía por unanimidad. Los intereses encontrados y la proximidad de elecciones en algunos de los países miembros han dado pie tradicionalmente a enfrentamientos no siempre superables. Se trata de un tanto muy significativo a apuntar en el haber del a veces tan denostado ministro de Agricultura, Carlos Romero, a quien no le adornan excesivas virtudes diplomáticas, pero a quien se le debe la justicia de reconocerle, en cambio, una tenacidad permanente y una sagacidad política a prueba de desánimo.Los precios agrarios son una de las grandes decisiones que la CE adopta cada año. Afectan a 11 millones de agricultores y ganaderos, aunque no son precios de mercado. La política proteccionista de la Comunidad en agricultura ha creado una red de seguridad para los productores agrarios, con unos precios mínimos garantizados que perciben cuando la ley de la oferta y la demanda sitúa el valor de sus productos por debajo. Son unos precios indeseables a los que se acude cuando no existe mejor salida, pero cumplen con la función básica de asegurar unas rentas mínimas y de permitir una planificación como empresa a los productores del campo.

Estos llamados precios de garantía o intervención influyen, sin embargo, decisivamente en los precios que marcan almacenistas y operadores, y consecuentemente, en los que paga el consumidor final, mucho más altos. Desde este perspectiva, los precios para la campaña 1989-1990 representan una baja de las rentas agrarias. El acuerdo conseguido limita, no obstante, los efectos negativos, porque las reducciones de precios aprobadas son sensiblemente inferiores a las propuestas iniciales de la Comisión Europea, obligada por los acuerdos del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) a bajar el valor en unidades de cuenta europeas (ECU) de los productos. A la política de corrección de excedentes agrarios se ha añadido la guerra comercial con Estados Unidos y otros grandes productores, que han perdido mercados exteriores a consecuencia de la política de subvenciones a la exportación que practica la Comunidad.

Si la tónica general es de descenso en los precios de intervención, en España el resultado va a ser una subida media en torno al 1,3%. Este efecto positivo se debe a las ayudas para ciertos sectores y a una negociación defensiva que ha evitado recortes en los cítricos y garantizado subidas en porcino, aceite de oliva, girasol y vino. Las reducciones afectan principalmente a los cereales y la remolacha azucarera. A España le ha seguido beneficiando el proceso de aproximación a los precios comunitarios, salvo excepciones, como la mantequilla, más altos que los internos.

El desmantelamiento progresivo de los montantes compensatorios monetarios, positivos en nuestro caso, producirá rebajas añadidas de los precios interiores y suprimirá estímulos a la exportación. Buena señal para el ministro Solchaga en su lucha contra la inflación provocada por la subida de los precios alimentarios, pero mala noticia para unos agricultores que no tienen el nivel de vida de bastantes de sus colegas comunitarios.