80 muertos en Perú por la peor ola violenta en 10 años
Más de 80 muertos por actos de violencia, entre militares, guerrilleros y civiles, se contabilizaron el pasado viernes en varios puntos de Perú, triste marca que no se alcanzaba en los últimos 10 años. La gravedad de los enfrentamientos llevó al presidente de la República, Alan García, a pedir públicamente el apoyo de la ciudadanía a las acciones de los militares. "Es necesario e imprescindible", dijo, "que las armas del Gobierno elegidas por el pueblo se pongan a trabajar para terminar con esta amenaza tremenda [el terrorismo]".
En las cercanías de Jauja, localidad del departamento de Funin, a unos 270 kilómetros de Lima, se desarrolló la que es apuntada hoy como la mayor acción antisubversiva efectuada por el Ejército peruano en los últimos nueve años de violencia guerrillera. En la madrugada del pasado viernes, un destacamento militar interceptó dos camiones que transportaban una columna del marxista Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) con más de 100 individuos fuertemente armados. Después de tres horas de combate, murieron 62 guerrilleros y seis militares, mientras 21 miembros del Ejército eran conducidos al hospital militar central de Lima y otros cinco al hospital local.Un escenario macabro fue presentado luego por las cadenas de televisión, que acompañaron hasta el lugar de los hechos al presidente, Alan García Pérez; al ministro de Defensa, general retirado Enrique López Albújar, y al jefe del comando conjunto, general Artemio Palomino. Al lado de una fila de cadáveres, entre ellos tres mujeres, tres niños y probablemente tres cabecillas de la columna rebelde, se encontraba un completo arsenal compuesto por 59 armas de fuego, abundantes municiones, 67 mochilas de campaña, tres equipos de radio, una mina norteamericana y gran cantidad de granadas de fabricación casera.
"Amenaza tremenda"
El presidente García, que hizo un pronunciamiento público de apoyo a la acción militar, subrayó que "es necesario e imprescindible que las armas del Gobierno elegidas por el pueblo se pongan a trabajar para terminar con esta amenaza tremenda...". Y agregó que su presencia allí estaba destinada a "que el país entero tenga conciencia de la gravedad de la situación y de la intensidad de la lucha que en estos momentos se lleva en defensa de la democracia".El mandatario informó que se habían encontrado entre los documentos que portaban los rebeldes dos pasaportes bolivianos, si bien la zona nacional de seguridad del centro señaló en un comunicado que eran colombianos y, probablemente, los cabecillas de la columna sediciosa. García no descartó que, además de los bolivianos, haya otros extranjeros involucrados en este grupo.
A lo largo del día se contabilizaron más acciones violentas en la selva central -San José de Sisa y Santa Rosa-, donde murieron al parecer 15 rebeldes no identificados. En un lugar de Huacho, a 130 kilómetros de Lima, murieron dos civiles, y en Huancayo, a 3 10 kilómetros de la capital peruana, fueron muertos tres estudiantes.
Esta serie de enfrentamientos se produjo 24 horas después del asesinato del diputado izquierdista Eliberto Arroyo Mío, el primer parlamentario que cae desde que el 17 de mayo de 1980 se inició la violencia rebelde en Perú encabezada por el grupo maoísta Sendero Luminoso. Hoy, el balance es aterrador: 13.000 muertos y pérdidas materiales que llegan a los 12.000 millones de dólares.
El asesinato de Arroyo ha provocado un rechazo unánime y preocupación por lo que se ha calificado como "crimen selectivo". Los observadores coinciden en señalar que forma parte de una escalada sangrienta dirigida a frenar las municipales de noviembre próximo y las presídenciales de marzo de 1990.
El más reciente ataque sedicioso fue perpetrado por los senderistas contra un puesto policial de Uchiza, zona selvática donde se produce la mayor parte de la pasta básica de cocaína que va al mercado mundial de drogas. Murieron 10 policías y ocho civiles.
Acosado por una aguda crisis económica y por la extensión del fenómeno sedicioso, el Gobierno del presidente García se halla en el ojo del huracán de una situación política de impredecibles consecuencias. En menos de 15 días el Gabinete se ha enfrentado a dos debates parlamentarios y la interpelación que empezó el miércoles último en la Cámara de Diputados tuvo que ser suspendida por una semana a raíz del asesinato de Arroyo.
