Maltratadas sin refugio

El pasado 9 de marzo el Ayuntamiento de Pamplona acordó cerrar el Centro Municipal de la Mujer de la capital navarra. Desde esa fecha, las mujeres de la comunidad foral sometidas a abusos, vejaciones, malos tratos o violaciones no tienen ningún lugar a donde ir para recibir asesoramiento y protección. Un problema laboral entre dos equipos gestores fue el desencadenante que culminó con la desaparición del primer albergue para mujeres maltratadas, que se había abierto en España el 3 de junio de 1985 y por el que habían pasado para conocer su funcionamiento colectivos feministas y multitud de responsables municipales de diferentes puntos del Estado.

El Centro Municipal de la Mujer constaba de un local de acogida e información puesto en marcha el 2 de julio de 1984 y de una casa-refugio en la que residían durante un máximo de tres meses aquellas mujeres que se habían visto obligadas a abandonar sus domicilios a causa de los malos tratos, amenazas o vejaciones de sus maridos o compañeros, fundamentalmente.Durante todo ese tiempo recibían una mínima cantidad económica para aliviar su penuria y atender a sus hijos mientras las responsables del centro solucionaban por la vía legal cada uno de los casos interponiendo denuncias o iniciando los trámites de separación a través de un convenio de consultas gratuitas firmado con abogados de Pamplona.

El albergue, cuya ubicación urbana se mantenía públicamente en secreto, llegó a ser localizado y atacado en su puerta de acceso por más de un marido agresor.

Desde su nacimiento, este centro pionero en toda España fue gestionado a través de un convenio con la Asociación de Mujeres Agredidas y Maltratadas, próxima a la Coordinadora Feminista de Navarra.

Esta coordinadora, a través de una de sus comisiones, la del Colectivo de Mujeres Separadas, había prestado apoyo y asesoramiento durante el año 1983 a más de 200 mujeres maltratadas de Pamplona y del resto de Navarra, demostrando al Ayuntamiento la necesidad de este tipo de servicio.

El Ayuntamiento de Pamplona acogió la iniciativa, si bien desde el primer momento, señala Tere Sáez, de la Coordinadora Feminista, intentó acotar su funcionamiento económica y funcionalmente.

Presupuesto reducido

"Se comenzó con un presupuesto anual de 13 millones de pesetas y posteriormente el Ayuntamiento lo redujo a 12 millones. Nosotras", indica Tere Sáez, "reiterábamos la necesidad de mantener abierto el centro de atención de urgencias las 24 horas del día porque las agresiones a las mujeres no se producen a una determinada hora y, cuando se dan, las afectadas necesitan un apoyo inmediato, y si se ven obligadas a regresar a su casa, donde habitualmente reside el agresor, porque el centro está cerrado, éste es absolutamente inútil".Durante los años en que permaneció en funcionamiento, el centro de información y acogida de urgencias atendió 6.324 visitas y 5.012 llamadas telefónicas.

El número de mujeres atendidas entré junio de 1984 y junio de 1988, fecha en la que se originaron los problemas laborales, fue de 1.017. En el albergue residencial se alojaron y atendieron, durante sus tres años de apertura (junio de 1985 a junio de 1988), un total de 386 personas, 163 mujeres con 223 niños y niñas.

La Coordinadora Feminista comenzó en 1988 a denunciar los déficit económicos creados en torno al centro y las deudas contraídas por el Ayuntamiento. Con un convenio de gestión vencido en diciembre de 1987, en febrero del pasado año el alcalde firmó una prórroga para todo el año 1988 que el equipo gestor rechazó al no estar dispuestas las mujeres que lo integraban a seguir trabajando en las anteriores condiciones de insuficiencia económica.

Con el acceso a la alcaldía de Pamplona del principal partido de la derecha navarra, Unión del Pueblo Navarro, el Ayuntamiento decidió convocar un concurso público para la gestión del servicio, introduciendo en la convocatoria la exigencia de determinadas cualificaciones profesionales.

El equipo que había creado y desarrollado el servicio estaba compuesto, por mujeres conocedoras de la realidad social, pertenecientes a la Coordinadora Feminista de Navarra, que asesoraban y desviaban cada caso, si así era necesario, hacia los servicios municipales ya existentes, supliendo con dedicación y esfuerzo unas titulaciones de las que en ocasiones carecían.

De este modo, las mujeres eran informadas y orientadas a la utilización del centro de planificación familiar y educación sexual Andraize, dependiente del Ayuntamiento; a las guarderías municipales o las consultas en centros de salud o con equipos de servicios sociales.

Problema laboral

El problema laboral al que se aferró el Ayuntamiento para liquidar todo el servicio fue la adjudicación del mismo en julio de 1988 a un nuevo equipo gestor formado por tres educadoras sociales y una asistente social, y los recursos interpuestos por el anterior equipo, que también se presentó al concurso.Magistratura de Trabajo declaró nulo en octubre de 1988 el despido de seis trabajadoras feministas del anterior equipo y el nuevo equipo de gestión denunció interferencias causadas en su labor por las recurrentes.

Tras alguna concentración de protesta en las puertas del centro de información, la concejala delegada de Promoción Ciudadana, perteneciente a UPN, Maribel Beriain, decretó el cierre del servicio el pasado mes de diciembre y a partir de entonces sólo se admitían consultas telefónicas.

El 9 de marzo pasado, y con los votos a favor de UPN, PSOE, CDS y Partido Popular, el Ayuntamiento de Pamplona declaró extinguido el centro con la oposición de Eusko Alkartasuna y HB.

Los trabajadores de los centros de planificación familiar de Navarra suscribieron un documento en el que calificaron el cierre del servicio como "un retroceso en la lucha contra la discriminación de la mujer", y acusaron a los grupos que aprobaron el cierre de haberlo dejado morir intencionadamente.