Proceso de la CE contra el Reino Unido por las limitaciones a pesqueros españoles

F. M.La Comision Europea anunció ayer el envío de una carta de emplazamiento, mise en demeure, al Reino Unido por las restricciones pesqueras contenidas en la Merchant Shiping Act de 1988. La apertura del proceso contra la nueva ley británica supone de hecho una defensa comunitaria de los derechos de los más de 90 barcos pesqueros españoles que faenan actualmente con pabellón británico. El comisario responsable de la política pesquera de la CE es el español Manuel Marín.

La decisión de la Comisión supone la intervención comunitaria en un largo conflicto larvado desde hace mas de un año. Los armadores españoles, principalmente gallegos, con empresas radicadas en el Reino Unido y barcos pesqueros bajo pabellón británico, han protagonizado una larga lucha legal cuyo desenlace esta pendiente de la decisión del Tribunal de Justicia de la CE.

El procedimiento abierto por la CE cuestiona la exigencia del Reino Unido de un 75% de propiedad y directivos britanicos para tener derecho 1 enarbolar pabellón de este país.Esta condición cuestiona el principio de libre circulación comunitaria y ha sido cuestionado incluso por tribunales británicos. La ley instaura además un nuevo registro en .el que han de inscribirse los pesqueros que reúnan esas condiciones antes del 31 de marzo.

Reunión en Madrid

El protavoz de la Comisaría de Pesca de la CE afirmó ayer que la carta de emplazamiento no impide la posibilidad de abrir nuevos procesos contra otros aspectos de la ley ni tampoco de actuar contra otros países, como Irlanda, que han puesto en práctica restricciones parecidas. El Gobierno británico dispone de un mes para dar una respuesta satisfactoria o enmendar la ley, antes de que el procedimiento continue hasta su probable envío al Tribunal de Justicia.

Con el fin de buscar una salida al contencioso planteado con la autoridades británicas, los armadores españoles de empresas conjuntas celebraron ayer en Madrid una reunión junto con sus abogados del Reino Unido con el fin de plantear una estrategia para defender sus inte ' reses. Tras la decisión del tribunal de apelación contra la decisión de la Corte de primera instancia que daba la razón a los armadores españoles, en este momento se teme la posibilidad de tener que amarrar la flota o malvender a partir del primero de abril, si antes no se produce una ofensiva tanto desde la Administración española o desde la CE.

Los armadores tiene confianza en lo que decida en Tribunal de Luxemburgo, pero estiman que dos años es mucho tiempo de espera cuando las autoridades británicas están "dispuestas a resolver el asunto por la vía rápida. Los armadores pretenden seguir faenando y rechazan la posibilidad de solventar el contencioso mediante indemnizaciones.