Una receta insuficiente

LAS COMISIONES especiales creadas hasta ahora en el Parlamento han aportado escasa luz sobre los oscuros asuntos o conductas sospechosas que estaban obligadas a investigar. Sin embargo, han sido generosas en la elaboración de toda suerte de consejos y recomendaciones que, obviando la exigencia de responsabilidades concretas, tratan de poner remedio a la enfermedad que diagnostican -por otra parte, nunca reconocida explícitamente- con recetas generales de tipo político y legislativo.La comisión parlamentaria sobre el caso Flick -que sorprendió a los socialistas al inicio de su mandato en el poder- no descubrió nada, del mundo subterráneo que ponía en relación el dinero con los estados mayores de los partidos políticos, pero fue explícita en su recomendación de una ley -ya en vigor- para la financiación generosa, a costa del erario público, de la actividad de las formaciones políticas. La comisión parlamentaria sobre el tráfico de influencias, creada en marzo del año pasado a iniciativa de Alianza Popular, tampoco fue capaz de aportar la más mínima luz sobre el asunto que justificó su nacimiento: el comportamiento supuestamente corrupto de determinados antiguos altos cargos socialistas desembarcados en áreas económicas privadas relacionadas con su anterior actividad en la Administración pública. Sin embargo, y a modo de justificación de que además del mucho ruido también había habido algunas nueces, la susodicha comisión se despachó con 19 recomendaciones destinadas a reforzar los mecanismos de control de la actividad de los parlamentarios y de los altos cargos.

Fruto de aquellas recomendaciones es la propuesta presentada ahora en el Congreso por el Grupo Socialista para colmar las lagunas legales que impiden la erradicación del tráfico de influencias en el área del poder político y de la actividad parlamentaria. Aun que el fruto no se corresponda con la naturaleza y los fines de una comisión parlamentaria de investigación -y su alumbramiento no basta para redimir a posteriori de su fracaso a la comisión correspondiente-, tampoco es cuestión de desconocer el avance que la iniciativa supone respecto del absoluto vacío legal anterior. Pero para el futuro sería mejor dejar estas propuestas de reformas legales en manos de más humildes y reposadas comisiones de estudio y destinar las más polémicas y controvertidas comisiones de investigación a las tareas para las que han sido diseñadas. Así se evitaría lo que ha ocurrido ahora: que los obstáculos opuestos por la mayoría parlamentaria y los errores en los planteamientos de la oposición hayan provocado que a la postre sea el Grupo Socialista el único patrocinador de una iniciativa sobre la moralización y transparencia de la vida pública, lo que le permite salvar la cara políticamente después de que los trabajos de la comisión quedaran condenados al fracaso. Los plazos de tramitación de la iniciativa legislativa harán que las personas denunciadas en su momento por la oposición no incurran en los supuestos de la futura ley, porque ya habrán transcurrido los dos años previstos.

En todo caso, la propuesta se ha quedado corta, ya que debería haber extendido la incompatibilidad sobrevenida que propone para los ex altos cargos -dos años de cese en actividades privadas directamente relacionadas con expedientes sobre los que hayan dictado resolución- a toda actividad vinculada de una u otra forma con sus antiguas funciones. La derecha conservadora, que opuso una tenaz resistencia a los primeros intentos de regulación de las incompatibilidades de la clase política, se muestra ahora partidaria de que el tráfico de influencias sea tipificado como un delito específico. De cualquier manera, la propuesta socialista está en la línea de lo que en este terreno existe en otros países democráticos, y no debería haber dificultad alguna para mejorarla durante su tramitación parlamentaria. Pero, con ser fundamental la existencia de una legislación apropiada, lo es aún más disponer de los mecanismos de control que aseguren su efectivo cumplimiento, extremo insuficientemente expresado en la propuesta legislativa. La experiencia existente sobre el seguimiento del actual régimen de incompatibilidades de altos cargos -convertido en buena medida en poco menos que en papel mojado- muestra que no basta con la ley si quienes tienen que cumplirla encuentran el campo abonado para burlarla impunemente.