Una comision que investigó poco

El Grupo Socialista del Congreso permitió con sus votos, el 15 de marzo del año pasado que se crease una comisión de investigación sobre incompatibilidades y tráfico de influencias, que había sido solicitada por AP en noviembre de 1987. En esta última fecha, el Grupo Popular había presentado en la Cámara Baja una proposición no de ley para evitar el tráfico de influencias y la utilización de informaciones privilegiadas por quienes habían desempeñado responsabilidades públicas.La comisión, cuya metodología de trabajo respondió a los criterios socialistas, se fijó, entre sus primeros trabajos, el envío a los parlamentarios y altos cargos de la Administración y a quienes lo habían sido desde 1977, de un cuestionario para descubrir presuntos usos del cargo ostentado en beneficio económico personal. Tras una polémica sobre su oportunidad y legalidad, un dictamen de los letrados del Congreso concluyó que no existía ninguna obligación de contestar a dicho cuestionario, sobre el cual el Gobierno temía que abriese "un proceso a la dernocracia".

Alianza Popular pidió, a comienzos del pasado mayo, que comparecieran ante la comisión una serie de altos cargos cargos soci alistas sobre quienes los aliancistas presuponían prácticas de tráfico de influencias. La petición de AP incluía al ex ministro de Economía Miguel Boyer; al alcalde de Sevilla, Manuel del Valle; al presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, Donato Fuejo; al ex ministro de Industria Joan Majó; al ex director de RTVE José María Calviño; al ex presidente de la Junta de Andalucía, Rafael Escuredo; al ex director general del Patrimonio Javier del Moral, y al ex secretario de la Presidencia Julio Feo. La pretensión aliancista quedó bloqueada por la expresa oposición del PSOE, que señaló que no existían pruebas contra los citados, y la abstención del resto de grupos. La iniciativa de AP sólo fue apoyada por el Partido Liberal.

Al tiempo que rechazaban esta iniciativa, los socialistas negaron cualquier posibilidad de que la comisión prorrogase su mandato, que expiraba el 30 de junio.

Seis empresas

Los aliancistas optaron entonces por pedir, el 25 de mayo de 1988, que la comisión investigara a seis empresas, en las que, a su juicio, había existido tráfico de influencias o uso de información privilegiada. AP proyectaba que en el curso de la investigación se hiciese comparecer a los altos cargos socialistas antes citados. Las empresas eran Ceselsa, Galerías Preciados, Herón Construcciones, Estadio Sánchez Pizjuán, Casino de Asturias y Drame. Esta petición del Grupo Popular también fue frenada por el PSOE, que consideró nuevamente insuficientes las pruebas aportadas por los aliancistas. Estos últimos volvieron a encontrar sólo el apoyo del Partido Liberal.

La falta de apoyo a esta investigación motivó que los miembros de AP en la comisión abandonasen la misma a principios de junio de 1988. En los días sucesivos, dejaron la comisión los representantes del Partido Liberal y de Izquierda Unida, quienes citaron el obstruccionismo socialista como causa de sus abandonos.

Finalmente, la comisión concluyó sus trabajos el 14 de junio de 1988 y aprobó un informe con 19 conclusiones que comprometían al Gobierno a elaborar una legislación más restrictiva al respecto, la que ayer fue presentada.